Paraguay, un país que pocas veces es noticia internacional, celebró elecciones generales el pasado domingo 30 de abril, tras una campaña marcada por la desinformación y un debate escaso sobre igualdad de género y derechos humanos. Como resultado, el Partido Colorado permanecerá en el poder, esta vez con mayoría parlamentaria propia, gracias a una oposición dividida. Dos feministas lograron llegar al Congreso y representarán a la izquierda, ya sin el liderazgo del expresidente Fernando Lugo.
Si Paraguay estuvo en los títulos de prensa en los últimos meses, fue por las sanciones lanzadas por el gobierno de EEUU contra el expresidente Horacio Cartes, empresario tabacalero y líder de la derechista Asociación Nacional Republicana (ANR). EEUU acusa a Cartes de corrupción y vínculos con el terrorismo por hechos cometidos antes, durante y después de su mandato, entre 2013 y 2018.
Es justamente el exministro de Hacienda y leal al expresidente Horacio Cartes, Santiago Peña, quien resultó ganador de las Elecciones Generales con el 43% de los votos, sobre un total de 4.782.940 personas habilitadas para elegir a la dupla presidencial y también a 125 congresistas, a titulares para 17 gobernaciones y a 257 integrantes de sus juntas departamentales.
Contra predicciones optimistas que le daban posibilidades, la Concertación Nacional alcanzó apenas un 27% de los votos. Esta coalición de varios partidos de derecha, centro e izquierda junto a la fuerza de oposición más importante del país, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), propuso a Efraín Alegre, un ex senador y exministro de Obras Públicas que perdió la presidencia del país por tercera vez.
La alianza de partidos de izquierda Frente Guasu fue desplazada como tercera fuerza en el Senado por el partido del polémico ex presidenciable Paraguayo Cubas, que sorprendió conquistando cinco bancas. El segundo candidato más votado del Partido Cruzada Nacional se encuentra imputado por abuso sexual a una adolescente. De no recibir una condena a tiempo, este podría jurar el 15 de agosto y convertirse en Senador de la República.
Esperanza Martínez, exministra de Salud del Gobierno de Fernando Lugo, es hoy la principal figura de la izquierda en Paraguay. Fue la única electa para el Senado por el Frente Guasu, superando con el voto preferente a los liderazgos masculinos en los primeros lugares de la lista. En Diputados, Johanna Ortega se convirtió en la política de izquierda más votada, con años de activismo en el Partido País Solidario. Ambas son reconocidas feministas.
Desinformación y discursos de odio como protagonistas
Paraguay está marcado por récords históricos poco halagadores —fue el último país latinoamericano en garantizar el voto femenino y sufrió la dictadura más larga de la región— y casi el 25% de su población vive bajo la línea de pobreza. Es también desde hace tiempo un laboratorio de discursos y acciones del movimiento conservador, estrechamente vinculado a las derechas del continente. Aquí, por ejemplo, un ministro de Educación amenazó con quemar libros en la plaza pública y censuró la palabra “género” del currículum educativo en 2017.
En este país la prohibición del aborto es “draconiana”, según Human Rights Watch —solo se permite cuando corre riesgo la vida de la persona embarazada. En promedio, casi dos niñas de 10 a 14 años dan a luz por día y 80% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el entorno familiar. Se cometen unos 36 feminicidios por año, según datos de los últimos cuatro años. Más del 90% de los agresores eran conocidos de las mujeres asesinadas, como parejas y exparejas.
Y si bien en cada elección está en juego el futuro de mujeres, niñas y diversidades, este ciclo se destacó por el uso de la desinformación sobre género, los mensajes de odio hacia candidatas y la casi ausencia de proyectos esperanzadores para el ejercicio pleno de derechos de esas poblaciones. Las principales fuerzas que pujaron por la presidencia se presentaron como conservadoras cuando emergieron debates sobre equidad de género durante la campaña.
La ANR, conocida como Partido Colorado y que gobierna desde hace casi 70 años, tiene en sus filas a varios exponentes de grupos contrarios a la igualdad de derechos para las mujeres y personas LGBTQ. Su influencia es notoria en el discurso colorado de los últimos años. El actual presidente electo, Santiago Peña, mutó la posición a favor del matrimonio igualitario que expresaba en 2017, cuando era ministro de Hacienda, a su actual compromiso electoral “contra el aborto y el matrimonio igualitario”.
Si bien el programa de gobierno de la Concertación Nacional incluyó demandas de mayor igualdad, este sector intentó eludir el debate en cuestiones fundamentales y postergadas, como la interrupción voluntaria del embarazo. Este silencio no evitó que el oficialismo buscara desacreditar a las principales figuras de la Concertación, asociándolas con la “ideología de género”, la “Agenda 2030” de la ONU y otros caballitos de batalla de grupos fundamentalistas.
Paraguay carece de procedimientos para reconocer la identidad de género de las personas. Hasta ahora, no hay legislación local que proteja de la discriminación. La sociedad civil lleva un recuento de 60 personas trans asesinadas como crímenes de odio desde que se recuperó la democracia, en 1989. La impunidad es la norma. Apenas en 2019 se dictó la primera condena por el asesinato de una persona trans en este país.
En las internas partidarias del año pasado, la desinformación sobre género aumentó con la instrumentalización del movimiento autodenominado “pro vida” por parte del sector del Partido Colorado afín al expresidente Cartes, contra un plan de reforma educativa del gobierno por supuestamente contener “ideología de género”.
Un análisis de 211 frases, pronunciadas en una audiencia pública en el Congreso sobre ese plan, expuso una narrativa según la cual Paraguay está ante un “enemigo interno” que es feminista, defensor de los derechos humanos, LGBTQ, extranjero y que responde a una agenda global oculta. Como resultado de esa campaña, que encontró apoyo oportunista en políticos y eco en medios propiedad de Cartes, la Cámara de Diputados derogó un convenio de financiación de la reforma educativa firmado con la Unión Europea, poniendo en riesgo una donación de 38 millones de euros.
La conversación electoral sin propuestas
El mes pasado, la imagen de una mujer que dio a luz en el piso de un hospital porque no recibió atención médica oportuna recorrió los medios y generó una masiva expresión de indignación. Sintetizaba las condiciones precarias de la salud pública, en especial la de las mujeres, el resultado más palpable de casi 70 años de gobiernos colorados. Pero no logró instalar en la conversación pública propuestas sólidas para transformar esta precariedad. De hecho, en casi todo este ciclo electoral, pocos temas relacionados con la calidad de vida de la mitad de la población del país lograron ocupar la atención.
Uno de esos temas fue la promesa de los candidatos de la ANR y de la Concertación de ofrecer “guarderías” a madres trabajadoras. El medio El Surtidor evaluó esta promesa y encontró que las salas para infantes menores de dos años “son un derecho ya contemplado en el Código del Trabajo”. Lo que falta es hacerlo cumplir. Candidatas de la Concertación se enfocaron en algunas propuestas superadoras, como acompañar los esfuerzos ya en marcha de establecer un sistema nacional de cuidados.
Pero ninguno de esos proyectos logró insertarse en la conversación electoral con más fuerza que una propuesta delirante de imponer el parto natural (en oposición a la cesárea) y el amamantamiento obligatorio de los niños hasta los dos años, lanzada por el ex presidenciable Paraguayo Cubas.
Este ex senador díscolo y machista —que captó gran parte del voto anti-ANR en estas elecciones como candidato a la presidencia— logró conectar con miles y movilizar la rabia contra la clase dominante de gran parte de la población. Lo hizo mayormente aplicando el populismo digital, una manera de hacer política que, según la periodista brasileña Natalia Viana, consiste en enunciar los discursos más estridentes para lograr amplificación en redes sociales. Cubas parece haberlo entendido a la perfección, tal como lo entendieron Trump, Bolsonaro y Bukele, por citar algunos.
¿Hay esperanza para los derechos de las mujeres y personas LGBTQ?
Como rescata la investigadora y política feminista Lilian Soto, la organización de las mujeres y los feminismos fue clave para que el país haya elegido en 2023 a 9 mujeres congresistas más que en 2018. También es la primera vez, desde la creación de las gobernaciones en 1994, que llegan dos mujeres al cargo de gobernadora.
A principios de 2022, Esperanza Martínez fue electa como precandidata a la presidencia por la gran mayoría de los partidos y movimientos políticos de izquierda y sectores representativos del movimiento campesino. Todo para finalmente quedar relegada al cuarto lugar en la lista de candidaturas al Senado. Hoy Martínez es la única representante de izquierda en el Senado, habiendo recibido más votos que el expresidente Fernando Lugo.
En Diputados, Johanna Ortega se convirtió en la política de izquierda más votada a sus 35 años. Kattya González, primera en la lista de Encuentro Nacional y también parte de la Concertación, fue la segunda senadora más votada del país.
Dentro del progresismo y de la oposición, la presencia y el liderazgo de las mujeres en esta campaña electoral fue evidente. Todas trabajaron sin descanso para unificar a la oposición. Esto no significa que hayan sido valoradas por la dirigencia masculina. Estas mujeres entendieron que existen otras formas de hacer política, alejadas de los liderazgos personalistas y el machismo que todavía persiste en la izquierda, analiza la periodista Juliana Quintana.
En medio de una crisis de desinformación y dominado por un proyecto profundamente conservador, corrupto y extractivista, Paraguay tiene por delante cinco años muy difíciles. Necesitamos urgentemente un progresismo a la altura del desafío.
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Jazmín Acuña es directora editorial y cofundadora del premiado medio digital independiente El Surtidor, enfocado en period
Carolina Thiede es directora de la Fábrica Memética, agencia de comunicación y diseño que facilita a organizaciones conectarse con sus comunidades a través del poder de la narrativa visual. Ambos proyectos son parte de la organización Memetic.Media, basada en Paraguay.
