En Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente también resolvió una multa por cerca de siete mil millones de pesos debido a incumplimientos como descarga de aguas ácidas, destrucción de flora, y monitoreos incompletos sobre variables socioambientales
Por OLCA
Durante más de 17 años la comunidad del Valle del Huasco le insistió al mundo que el proyecto binacional Pascua Lama era un despropósito, era inviable; contra los estudios, estadísticas y lobby a todo nivel de la entonces mayor minera de oro del planeta. Hoy la autoridad lo reconoce y se clausura definitivamente la faena minera que nunca debió haber sido aprobado e iniciada su construcción.
Desde las primeras reuniones de participación ciudadana en que los arrieros dijeron que en la zona que querían hacer el proyecto estaban los glaciares y nada de eso hablaban los estudios, se desató, en condiciones de brutal asimetría, y ante el descrédito del sentido común impuesto que establece que nada se puede hacer contra una minera transnacional, uno de los conflictos socioambientales más relevantes de Chile: el caso Pascua Lama.
OLCA acompañó el proceso desde sus inicios, fueron testigos de todas las estrategias de división, cooptación, intervención, hostigamiento, desprestigio, servilismo funcionario (incluido el financiamiento de las campañas de alcaldes y diputados de parte de Barrick), retroceso estatal para que la minera se hiciera indispensable en el cotidiano local (becas, ambulancias, Junji, Prodesal, por nombrar algunos ejemplos), todas cuestiones que a su debido tiempo se fueron denunciando y neutralizando en sus alcances, pero que produjeron procesos de desgaste, cansancio, vulnerabilidad de hondos impactos en el territorio.
Sin embargo, el carácter colectivo del proceso de defensa, permitió que cuando algunos se replegaran, surgieran otros y otras que fueran tomando el relevo e implementando las estrategias que más se ajustaban a las nuevas capacidades, pero siempre con la voz de doña Tina de fondo que hablaba de la necesidad de proteger los bancos perpetuos, el amor a la tranquilidad y a la vida que enseñaron los abuelos, y la certeza de que un proyecto de esta naturaleza solo podía ser aprobado mediante corrupción y violación de derechos humanos y eso había que demostrarlo para que se restableciera el respeto y el estado de derecho en este valle transversal de la región de Atacama, que entre otras funciones ecosistémicas imprescindibles, ayude a frenar el avance de la desertificación.
Los científicos pagados por la empresa, porque así lo establece el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, no supieron escuchar a la naturaleza, y entonces ella habló más fuerte, como la comunidad del Valle sabe que a veces sucede, y se sucedieron aluviones que arrasaron con todo valle abajo, y aquí lo que no había querido ser atendido, tuvo que considerarse. Cinco años de investigación en los que se acumularon más de 30 denuncias comunitarias de violación de la Resolución de Calificación Ambiental RCA, dieron como resultado este fallo en la Superintendencia de Medio Ambiente: Clausura Definitiva del proyecto Pascua Lama.
Si se hubiera oído desde un comienzo a los arrieros, a las campesinas, a las voces locales, toda la división, el daño, la pérdida patrimonial, la afectación ecosistémica, no se hubiera producido, pero gracias a la convicción y la tenacidad del territorio, y las múltiples muestras de solidaridad en todo Chile y desde muchos otros lugares del mundo, hoy se cuenta con un fallo histórico, que reivindica la voz local como fuente imprescindible, e interpela a las comunidades a creer en sus saberes y capacidades y defenderlos, pese a la asimetría reinante.
Para que esta resolución fuera posible, tuvieron que converger cientos de miles de voluntades, desde el primer correo electrónico que alertó de la situación, las diversas intervenciones callejeras, las marchas y carnavales, las misas, los procesos rigurosos de fiscalización comunitaria, la difusión por todos los medios, las tesis, documentales, libros, creaciones, las campañas internacionales, las denuncias que provocaron el bloqueo de financiamientos al proyecto, las denuncias a los servicios con competencia ambiental, los procesos judiciales, el trabajo de funcionarios probos, pero sobre todo, la existencia de una comunidad que ama tanto su territorio y su forma de vida, que logró movilizar todas estas voluntades en defensa del bien común.