Organizaciones de la región comparten experiencias de resistencia contra la megaminería en un seminario que organizó la Fundación Rosa Luxemburgo, titulado «Megaminería: resistencias y alternativas en América del Sur».
Por Amanda Muñoz, la diaria
San Pablo ha estado en estos días en el centro de la atención mediática. Miles de personas, en ésta y otras ciudades, marcharon por las calles en rechazo del aumento del boleto y para criticar episodios de corrupción en la construcción de estadios, que ha desplazado poblaciones e insumido grandes sumas de dinero que contrastan con lo invertido en salud y en educación. El hecho es noticia no sólo por la dimensión numérica; hace casi 20 años que la población brasileña no se lanzaba a las calles de esta manera. Pero de nada de eso trata esta nota.
En una ciudad de más de 11.000.000 de habitantes son varias las cosas que ocurren simultáneamente. Una de ellas involucra a Uruguay y también tiene que ver con la resistencia. Se trata de un seminario que organizó la Fundación Rosa Luxemburgo, titulado “Megaminería: resistencias y alternativas en América del Sur”, que se desarrolla desde el miércoles hasta hoy en la capital paulista. Participan 36 personas de movimientos y organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, y en menor medida de Bolivia, Ecuador y Perú.
“El propósito es que nos conozcamos, intercambiar experiencias” y proponer alternativas», dijo llanamente Gerhard Dilger, director de la fundación, al abrir el seminario.
El modelo
La primera jornada se tituló “La minería en América Latina y sus impactos”. El centro de la cuestión estuvo en el modelo de desarrollo, caracterizado por la extracción de los recursos naturales con una bajísima producción de valor agregado en el país de origen y un nivel de empleo mínimo. A modo de ejemplo, se citaron datos de Chile, país de tradición minera, donde las exportaciones del rubro representan 60% del total exportado y 22% del Producto Interno Bruto, pero apenas emplea a 0,9%, menos de 70.000 del total de 7,5 millones de trabajadores. Ese país ha comprobado que “las localidades mineras son al mismo tiempo las más pobres”, testimonió Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que tiene sede en Chile.
Mirta Antonelli, docente de Sociología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, mencionó las “transformaciones normativas jurídicas de nuestros países” durante la década del 90, que ocurrieron al tiempo que desembarcaron las grandes inversiones extranjeras dedicadas a la minería metalífera. Refirió que con esas reformas los estados perdieron soberanía jurídica y los pleitos pasaron a dirimirse en el Centro Internacional de Arreglo por Diferencias de Inversiones, creado por el Banco Mundial y para “defender a los inversores contra los estados”, dijo.
Antonelli mencionó el caso del tratado bilateral argentino-chileno y lo que llaman el “tercer Estado”, formado por las empresas extranjeras que se han radicado a lo largo de la cordillera de los Andes. Comentó que “al entregar la cordillera se entrega la fábrica de agua, las cuencas”, porque, por ejemplo, la multinacional canadiense Barrick Gold Corporation tiene un convenio “a perpetuidad” para “administrar glaciares, periglaciares y toda la cuenca de ríos”.
Cuenca sostuvo que “las inversiones mineras en Chile están estancadas porque falta agua, porque ya han sido explotados los recursos hídricos”. Señaló que “en algunas provincias el consumo de agua de las mineras llega a ser 70%” y que las fuentes de agua que bajan de la cordillera “están prácticamente agotadas”, como es el caso de la región de Copiapó, donde viven 150.000 personas.
Las mineras no sólo tienen un gran consumo hídrico, sino también energético. Cuenca indicó que el gobierno habla de crisis energética y del riesgo de escasez para el consumo hogareño, pero oculta que 37% de la energía eléctrica es consumida por la minería, mientras que el sector residencial utiliza sólo 16%.
Se considera a Chile como el paradigma del modelo extractivista que instauró la dictadura de Augusto Pinochet y que aún se mantiene. No obstante, volvió a plantearse la propuesta de Salvador Allende de renacionalizar los recursos estratégicos, pero Cuenca advirtió: “Estamos de acuerdo con la renacionalización, pero es absolutamente insuficiente. No queremos hacer lo mismo que las transnacionales en nuestro territorio. La discusión tiene que ser mucho más amplia y las nuevas políticas sobre estos temas tienen que contemplar límites que tienen que respetar los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las zonas de alto valor ecosistémico, las reservas de agua, los glaciares y una gran cantidad de elementos de nuestra vida y de nuestra cultura que deben ser preservados”. En las dos primeras jornadas se criticaron las estrategias impulsadas por los gobiernos para evitar la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -que Uruguay no ha ratificado-, que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados en los temas que los afectan. La pérdida de la soberanía de esos pueblos fue referenciada como otra característica del modelo extractivista que impide que cada comunidad decida si quiere explotar una riqueza mineral y cuándo.
Riquezas locales
Quienes llegaron a este seminario tienen el mérito de ser referentes en las luchas contra las mineras. Hay docentes universitarios, economistas, estudiantes, exponentes de reconocida trayectoria y pobladores de localidades afectadas. El panorama es diverso y se habla en dos idiomas, con decenas de dialectos.
Totoral es una comunidad agrícola de la región chilena de Atacama, en la que viven 138 familias y a donde no ha llegado la energía eléctrica. Desde allí se trasladó a San Pablo Nidia Marín, que nunca había salido de su país. Su caso fue un ejemplo de resistencia, porque la empresa brasileña MPX proyectó montar allí, en 2009, la central termoeléctrica más grande de América del Sur. Nidia relató que sus sustentos serían afectados por el depósito de desechos que se ubicaría a ocho kilómetros del lugar. Después de cuatro años de lucha que implicó movilizaciones hasta Santiago, la empresa dio marcha atrás. La mujer defendió la posición: “Atacama no se vende. Volvimos a ser el paraíso que fuimos”.
Gleice Coelho es parte de la comunidad de Jurutí Velho, localizada al margen del río Amazonas, al norte de Brasil. Viven 47.000 personas, dos tercios en el medio rural, y allí se ubica la tercera reserva mundial de bauxita. El colectivo logró ponerle condiciones a la multinacional Alcoa, que instaló una mina en medio de la selva. En 1999, 2000 y 2008 requisó cientos de toneladas de talas ilegales realizadas por la empresa para limpiar el terreno. Se crearon las grandes canteras y las vías férreas que transportan el mineral, pero la resistencia logró la intervención del Ministerio Público Federal y del Estadual, y del Instituto de Desarrollo Agrario Federal. Eso posibilitó una negociación que derivó en que los pobladores perciban una compensación por daños y perjuicios, que reciban 1,5% de las ganancias, y se acordó que los terrenos que habitan no pueden venderse, sólo pueden ser heredados por los miembros de la comunidad. Además, un estudio de pérdidas y daños realizado por la minera identificó 37 externalidades, es decir, efectos sociales y ambientales que no habían sido identificados cuando la minera obtuvo la licencia ambiental.
Víctor Bacchetta, periodista e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, presentó el proyecto Aratirí, de la minera Zamin Ferrous y la correspondiente resistencia. Destacó que Uruguay no es un país minero y que el proyecto aparece luego de las crisis inmobiliarias que quintuplicaron el precio del hierro, lo que hace rentable la inversión en yacimientos “pequeños y pobres” como los uruguayos; dijo que en 12 años se extraería todo el mineral.
El referente destacó el carácter apartidario del movimiento y que tiene una base social que no se logró con la forestación. Hizo referencia a las diferentes acciones y la juntada de firmas en Tacuarembó que serán presentadas el 27 de junio, solicitando la habilitación de un referéndum que permita a la población de ese departamento decir no a la minería metalífera a cielo abierto.
Se presentaron también casos de organización de las poblaciones argentinas de Esquel, Mendoza y Salta contra diferentes proyectos mineros. De Paraguay, Camila Burgos describió la oposición a la instalación de una fundidora de aluminio de las empresas Río Tinto y Alcan; dijo que su país no tiene materia prima, mercado ni salida al mar y que el proyecto sólo se explicaría por el subsidio del Estado a la energía eléctrica.
Los brasileños Danilo Chammas y Padre Darío presentaron el caso de la Red Internacional de Afectados por Vale, minera que fue propiedad del Estado brasileño hasta 1997, cuando vendió parte de sus acciones. Desarrolla proyectos en 38 países. Hace 30 años se instaló en la región de Carajás, en el estado brasileño de Pará, donde está la mina de hierro más grande y rica del mundo. Son 900.000 kilómetros cuadrados de extensión, por vías que recorren 900 kilómetros para llevar hasta el mar 12 trenes diarios de mineral. Su accionar afectó la dinámica de 100 comunidades; los principales efectos se dan por la ausencia de la forestación y la sustitución por eucaliptos, el trabajo esclavo, las malas condiciones tecnológicas de cinco empresas siderúrgicas que hacen un procesamiento primario contaminando a las poblaciones de alrededor. La red fue formada en 2010 y los referentes marcaron las virtudes de la articulación que les permite estudiar las estrategias de la empresa, romper la fragmentación de luchas localizadas, imponer estándares comunes de normas ambientales y condiciones salariales, y alertar a nuevos colectivos de lo que es la Vale, que en 2012 obtuvo el premio Public Eye por ser considerada “la peor empresa del mundo”.
