Francisco Quiero, área Legislativa – ICAL
¿Estamos frente a una crisis institucional en Chile? El caso PENTA, SOQUIMICH, y caso CAVAL, caracterizados por la emisión de boletas falsas para el financiamiento irregular de la política y malas prácticas, pusieron en jaque a las instituciones en Chile.
Los partidos políticos, el Parlamento y la figura de la Presidenta de la República se vieron mermados según la última encuesta CADEM, siendo en el caso de la Mandataria la desaprobación más alta en su periodo de gobierno.
Sin embargo, asegurar que nos encontramos en un proceso de crisis institucional sería exagerar el argumento, ya que lo que se pone en cuestionamiento son las leyes que regulan el funcionamiento de la política, no el sistema político en su integridad. Una crisis institucional equivaldría a señalar que el sistema en su conjunto debe ser reemplazado, cuestión que aún no es tema dentro de los partidos políticos. Sin embargo, que no estemos actualmente en un periodo de crisis institucional no quita el hecho de que nuestro país avance a pasos de gigante a dicho escenario, debido principalmente a los vicios intrínsecos a la Constitución de 1980.
América Latina, las crisis de gobernabilidad y cómo las superaron
América Latina es un continente caracterizado por su inestabilidad política y sus problemas de gobernabilidad. Durante la década de los 60’ en el continente se desencadenaron dictaduras militares que vieron su fin luego de la pérdida de apoyo de su principal impulsor, Estados Unidos. Luego de recuperada la democracia, estos países se encontraron con sus economías transformadas en economías neoliberales, Estados reducidos en sus funciones, altos niveles de desigualdad y una élite poderosa y cohesionada. Los procesos eleccionarios posteriores no se caracterizaron por su coherencia, creándose partidos ad hoc para cada elección, candidatos satélites sin proyecto político, alta rotación en los cargos del Ejecutivo y una cantidad no despreciable de partidos políticos irrelevantes y poco funcionales al sistema político.
En el marco de ese periodo de inestabilidad política y problemas de gobernabilidad, surgieron los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Luiz Inácio da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. Cada uno de estos gobiernos se encargó de resolver parcialmente los problemas de deuda externa, productividad, soberanía sobre sus recursos, fallas de mercado y los problemas concernientes al sistema de partidos, así como a los sistemas electorales de cada país.
Los casos más importantes fueron en los denominados países andinos: Venezuela, Ecuador y Bolivia ¿Qué los caracteriza? Durante los periodos previos al ascenso de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, esos países se encontraban en una crisis institucional total, concepto que se ha acuñado como “colapso” institucional. Por ello, estos nuevos gobiernos se vieron en la obligación de crear nuevas Cartas Magnas, nuevas Constituciones que permitieran regular el Estado y sus instituciones.
Aprobadas en su amplia mayoría, las nuevas Constituciones se caracterizaron por enfocarse en entregar una cantidad de derechos reconocidos y ejercibles, y fundar una sociedad basada en ellos. La integración de los excluidos, principalmente los sectores más pobres y de origen indígena, se dio de tal manera que, en el caso de Bolivia, estos integran plenamente el Parlamento y el Ejecutivo.
La definición de esos Estados pasó a ser de carácter plurinacional y multiétnico, reconociendo la autonomía de los pueblos originarios y su derecho a expresar su cultura más allá de los planteamientos del Estado. La movilización política de los excluidos ayudó a corregir los problemas de abstención electoral y clientelismo político característicos del periodo anterior, pudiendo los sectores más pobres, pero movilizados, ocupar cargos de representación y administración local como dentro del mismo gobierno.
Los déficits democráticos fueron suplidos con leyes como el referendo revocatorio a cualquier cargo de representación, la selección de cargos dentro del Ejecutivo por elección popular, la autonomía en la asignación de cargos para el Poder Judicial, y la existencia de cuotas de género y raza.
Los avances sobre la capacidad del Estado para fomentar y castigar conductas monopólicas como para apropiarse de aquellas empresas estratégicas para el Estado le han significado un periodo de crecimiento sostenido incluso en periodos de crisis mundial como lo fue la de 2008. En suma, las nuevas constituciones han mejorado las instituciones de los países en que se aplicaron, mejoraron la gobernabilidad democrática, el funcionamiento de los partidos políticos, el crecimiento económico y abrieron la posibilidad para la generación de acuerdos de integración regional como lo es el ALBA.
Las lecciones de América Latina para Chile
¿Cuáles son las lecciones para Chile de las experiencias de sus vecinos? En primer lugar, nos muestra que las crisis institucionales poseen soluciones dentro de los márgenes de la institucionalidad solo si estas están bien diseñadas, lo cual no es el caso chileno. La constitución de 1980 no solo es ilegítima en su origen, sino además impide la adaptación institucional trayendo consigo incentivos a la corrupción y al cuestionamiento de las instituciones en su conjunto. En aquellos casos donde el sistema político era inestable y con problemas de gobernabilidad, los problemas institucionales se resolvieron con la creación de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, lección que Chile debiese tomar en cuenta ya que se encuentra ad portas de una crisis institucional.
En segundo lugar, la participación ciudadana es capaz de refundar el pacto social, al contrario de lo que sostienen los partidos de oposición y sectores aislados dentro de la Nueva Mayoría. Ello se demuestra en las bajas tasas de abstención electoral en aquellos países donde se vivieron procesos constituyentes, donde la vida cívica reapareció y mejoró significativamente la visión de los ciudadanos sobre la democracia y la participación política. Finalmente, repesar el pacto social también trae consigo mejores rendimientos económicos al ser la sociedad civil junto a las instituciones del Estado quienes delimiten el rol del Estado, el mercado y la comunidad en los procesos productivos.
Es hora de ver en este escenario crítico una oportunidad. Caso contrario, será el sistema el que colapse. Los argumentos para renovar las instituciones no pueden seguir siendo evitados por nuestros representantes. A fin de cuentas, el pueblo es el soberano y el pueblo habló: es necesaria una nueva constitución para Chile.
