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El Estado y las empresas descarbonizan, pero el modelo se profundiza: Conflictividades ante proyectos energéticos “renovables” en Chile

Bio Bio en Chile, foto de Lucio Cuenca (OLCA).

Los gobiernos de la postdictadura chilena han abordado mediante diversas acciones la crisis climática que nos remece, de la par a los compromisos internacionales que ha sostenido en la materia. En este sentido, la energía también es parte del conjunto de políticas abordadas. El año 2015, durante el Gobierno encabezado por Michelle Bachelet[1], se puso el centro en “el incentivo a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), donde a través de la Ley 20.698 se exige que, al año 2025, el 20% de las inyecciones para los contratos sujetos a la ley provenga de ERNC”.

Esta perspectiva, orientada hacia el fortalecimiento de proyectos energéticos concebidos como “renovables”, ha sido instalada en función de una supuesta transición energética, con la intención de descarbonizar[2] la matriz de Chile y cuyo plan fue presentado en julio de 2019 bajo el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Esta estrategia se centró, en parte, en la elaboración de retiros o reconversiones de centrales a carbón en el país, con el objetivo del cese de 1.047 MW, que forman parte de las ocho centrales más antiguas de Chile, para el año 2024 y durante el último tiempo esta estrategia se ha reducido a una reconversión y reorientación de los proyectos energéticos en perspectiva de una supuesta descarbonización del país. Sin embargo, acorde a los datos del Anuario Estadístico de Energía, elaborado por el Ministerio de Energía en 2021[3], más de la mitad de la generación eléctrica proviene de combustibles fósiles, específicamente petróleo crudo, gas natural y carbón, los cuales representan el 55% de la generación eléctrica bruta a nivel nacional. Por otra parte, durante el año 2021 se presenta el mayor nivel de importación de hidrocarburos en los últimos 10 años, lo cual coloca en el debate, por ejemplo, la sobredimensionada capacidad instalada de energía eléctrica del país, donde el año 2020 “la demanda del sistema alcanzó su máximo registrado durante la última década, siendo apenas un 44%, es decir, un 56% de la capacidad instalada en Chile no es utilizada para su finalidad, existiendo una saturación de la capacidad instalada, la cual ya arrastra conflictividad, contaminación y dependencia para su generación, versus el consumo del país”[4].

De esta forma, el avance de la descarbonización ha sido de carácter progresivo, limitado y tramitado conjuntamente con el empresariado nacional y transnacional vía acuerdos en mesas de trabajo, donde se ha dado cuenta de la participación de empresas como Engie, Enel, Colbún y AES Gener[5]. Asimismo, la descarbonización ha ido de la mano con una perspectiva de exportación sustentada en la lógica del modelo primario-exportador que mantiene Chile desde hace décadas, y que se ha reflejado anteriormente en rubros como el forestal, agroindustrial, acuícola, minero y, que ahora lo vemos en el sector energético.

En este contexto -de perspectivar un aumento de las exportaciones- los gobiernos chilenos han apuntado a diversas formas de aumentar el rol de la energía y que esta se convierta en una de las principales exportaciones del país. En este sentido los últimos años han aumentado significativamente los proyectos del sector energético, principalmente eólicos y solares, al 29 de noviembre de 2022 se encontraban en fase de construcción 470 proyectos de generación de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de los cuales 431 corresponden a proyectos de energía solar fotovoltaica[6]. A lo anterior se suman 103 proyectos en calificación a diciembre de 2022, los cuales implican una inversión de 14.377,924 millones de dólares. El 81% de estos proyectos corresponden a centrales de ERNC (eólicos y solares).

Como se mencionó anteriormente Chile no tiene un déficit de energía, por el contrario la mayor parte de la capacidad instalada no es utilizada. Sin embargo, continúan aumentando los proyectos de energía, y en particular los de ERNC, cuyos fines han quedado de manifiesto en el último tiempo y apuntarían por una parte, al rol de la energía como medio de soporte del extractivismo, que esta vez mediante el uso de ERNC busca lavar su imágen. Por otra parte, se busca convertir la energía misma en un nuevo extractivismo. Un ejemplo concreto de la perspectiva exportadora de energía se evidencia en las relaciones establecidas con Argentina durante 2016 con el envío de Gas Natural al país trasandino mediante su re-exportación, donde la empresa Engie tuvo un rol fundamental para su operación en el invierno de dicho año, planteando una acción que va “reafirmando la integración energética de ambos países”[7] la cual ya tiene antecedentes en base a la presencia de proyectos de interconexión eléctrica entre Chile y Argentina que recientemente contó con un nuevo acuerdo al facilitar la importación y exportación de energía renovable mediante la línea de transmisión Andes-Cobos[8]. Este intercambio se materializó el 17 de diciembre de 2022 con la exportación de 75 MW de energía renovable desde Chile hacia Argentina, mediante la línea de transmisión “Inter Andes”, propiedad de la empresa AES Andes[9]. En esta lógica de exportación energética también se encuentran las crecientes experiencias de explotación de litio, las cuales se sustentan en la impuesta necesidad de facilitar la materialización de la electromovilidad como una realidad generalizada, siendo parte del proceso de transición de los combustibles fósiles mediante la intervención a los frágiles ecosistemas altoandinos del norte de Chile.

Por otra parte, durante el gobierno de Sebastián Piñera, en noviembre de 2020 se presentó la “Estratégia Nacional de Hidrógeno Verde” para la producción y exportación de Hidrógeno Verde y sus derivados (amoniaco, metanol y combustibles sintéticos), la cual busca posicionar a Chile como uno de los principales exportadores de Hidrógeno Verde del mundo. Durante el último año el gobierno de Gabriel Boric ha dado continuidad a esta estratégia, implementado además un comité interministerial, con la participación de 10 ministerios, mostrando así la importancia que da el actual gobierno al desarrollo de Hidrógeno verde en Chile. Esta política de Estado se enmarca en el avance de la industria del Hidrógeno Verde en la región, y que responde a la creciente demanda energética a nivel mundial y en particular de los países del norte global.

Desde la publicación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde a la fecha, esta industria ha avanzado rápidamente. Existen al menos 31 proyectos en cartera para ser desarrollados[10], entre ellos se encuentra en proceso “Haru oni”, la primera etapa del proyecto de producción de hidrógeno verde a escala industrial “Faro del Sur”, de la empresa Enel Green Power Chile en colaboración con HIF. Este proyecto busca generar Hidrógeno Verde a partir de energía eólica, para luego producir “eco-gasolina” (metanol), el cual será exportado a Alemania para ser testeado por Porsche. Además, en el último tiempo se han impulsado distintas políticas públicas para el fomento de esta industria y la inversión del mundo privado-empresarial, entre estas se encuentra la denominada “Ventana al Futuro” la cual puso a disposición terrenos fiscales para la producción de Hidrógeno Verde, o la recepción de propuestas para construir plantas para esta actividad[11] y la respectiva adjudicación de propuestas por parte de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) hacia empresas privadas para co-financiar proyectos que vayan en esta línea[12].

La producción de Hidrógeno “Verde” presiona aún más la construcción de megaproyectos de ERNC, además implica un consumo significativo de agua, significando la construcción de plantas desaladoras y la agudización de la crisis hídrica que ya afecta a gran parte del territorio. Asimismo, la política estatal que sustenta esta producción ha sido analizada críticamente en consideración de antecedentes que apuntan a la existencia de un “lado sucio del negocio exportador de energía”[13], el cual va desde la construcción de la línea base por la cuestionada consultora transnacional McKinsey & Company hasta las empresas que pretenden ser protagonistas de esta explotación, proceso desarrollado a vista y paciencia del Estado chileno sin hacer eco de nuevas miradas.

Todas estas políticas para incentivar la exportación de energía generan gran preocupación dado que este es el sector productivo que presenta mayor conflictividad socioambiental en Chile, de acuerdo a datos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el 37% de los conflictos socioambientales en el país se relacionan con proyectos de energía[14], un escenario que podría agudizarse aún más dado el rápido aumento de megaproyectos energéticos, principalmente proyectos eólicos y solares.

En este sentido, la transición energética, con un fuerte énfasis en su carácter “renovable”, ha avanzado a merced de las políticas estatales y la inversión público-privada, donde gran parte de las empresas que históricamente han protagonizado conflictos socioambientales actualmente son las que encabezan y materializan esta supuesta descarbonización[15], con el objetivo de que esta misma “producción” sea exportada a otros lugares del mundo y no para facilitar una transición contextualizada y con justicia para Chile.

Así, en este proceso de transición de carácter corporativa, no han estado fuera las conflictividades con comunidades y que arrastran la profundización de la destrucción de la Naturaleza. Ejemplos como la hidroelectricidad -que durante los últimos años han tenido un foco en centrales de pasada-, proyectos de almacenamiento a gran escala, electromovilidad, solar fotovoltáicos, hidrógeno verde y parques eólicos dan cuenta de aquello, donde comunidades han visto vulnerados sus derechos en distintas escalas y donde el avance de estos proyectos han ido acompañados de afectaciones a los ecosistemas bajo una lógica similar a la que permanece primando sobre el extractivismo.

3 CASOS DE CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL EN CHILE

Para reflejar de mejor forma esta situación que se vive en el país, con la profundización del modelo y la proliferación de conflictividades socioambientales en el marco de la transición energética corporativa, a continuación, se presenta una síntesis de tres casos relacionados a proyectos de carácter renovable: hidroelectricidad, fotovoltaico y eólico.

Caso Central Hidroeléctrica Rucalhue

Rucalhue es una localidad ubicada entre las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, por donde fluye el río Biobío y donde la empresa Rucalhue energía SpA pretende instalar una central hidroeléctrica que contaría con 90 MW de capacidad instalada.

El proyecto fue ingresado a tramitación ambiental en 2013 por la empresa brasileña Atiaia Energía, obteniendo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2016. Sin embargo, en 2018 fue adquirido por China International Water and Electric, subsidiaria de la trasnacional China Three Gorges Corporation, quien es responsable de diversos proyectos hidroeléctricos en distintos lugares del mundo, incluyendo la central hidroeléctrica más grande del mundo: Tres Gargantas.

Desde su tramitación ambiental, el proyecto ha contado con oposición de las comunidades en defensa del río que cuenta con otras tres centrales hidroeléctricas en su cauce: Central Ralco, Central Pangue y Central Angostura, las cuales han marcado conflictividades socioambientales en el territorio.

En este caso, la Central Rucalhue posee un historial creciente de vulneraciones que se han agudizado tras la presencia de inversiones provenientes de capitales chinos, las cuales abordan áreas ambientales y derechos sociales. La tala de árboles nativos vulnerables sin contar con plan de manejo y autorización respectiva, el ingreso de querellas criminales contra jóvenes que se han movilizado contra el proyecto, amedrentamientos de guardias privados de seguridad de la empresa hacia quienes han bajado en kayak por el río dan cuenta de aquello.

La iniciativa hidroeléctrica se encuentra en la lista de los 220 proyectos que priorizó el Gobierno chileno bajo la gestión de Sebastián Piñera para enfrentar las secuelas económicas de la crisis sanitaria de la Covid-19, siendo parte de la cartera de inversión a la cual se busca facilitar su tramitación y burocracia. Hoy en día, esa misma inversión priorizada por el Estado de Chile es la que criminaliza a la población y necesita depredar el ecosistema de Rucalhue para levantar su proyecto energético.

Caso Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo

El creciente aumento de proyectos de energía solar fotovoltaica en el país ha generado un incremento en los conflictos socioambientales en diversos territorios. Uno de estos conflictos se encuentra en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, donde se planea construir la Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo[16]. La cual contempla una potencia instalada de 33,3 MWp y una inversión de 46 millones de dólares, se ubicaría específicamente en el cerro San Ignacio de Quilicura, una zona considerada Área de Preservación Ecológica. De las 56,508 hectáreas que abarca el proyecto, 10,31 hectáreas se encuentran dentro de esta zona de conservación ecológica.

A pesar de la oposición de la comunidad y la falta de consideración de criterios ecológicos, el proyecto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana el 27 de diciembre de 2022. Actualmente se encuentra en trámite un recurso administrativo presentado por la Municipalidad de Quilicura, el cual busca la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental dada la incompatibilidad del proyecto con el Plan regulador Metropolitano, en tanto se emplaza en un área de preservación ecológica y el Estudio de Evaluación Ambiental presenta serias deficiencias.

En los últimos años este tipo de proyectos han aumentado considerablemente y son impulsados ampliamente por diversos sectores. Sin embargo, las plantas solares fotovoltaicas también provocan impactos negativos sobre la naturaleza y las comunidades que son parte de ella, sobre todo si hablamos de megaproyectos de energía. Entre los principales impactos, se encuentra la utilización de grandes volúmenes de agua implicada en los procesos de producción y mantención de los paneles solares, lo cual se debe considerar dada la crisis hídrica que atraviesa Chile y en particular la Región Metropolitana; el uso de grandes extensiones de suelo, que en este caso una parte importante corresponde a vegetación y fauna nativa protegida; y la emisión de material particulado y residuos peligrosos durante la fase de construcción del proyecto. A lo anterior se suma la falta de participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones respecto a los proyectos que se instalan en sus territorios y que impactan directamente sus vidas y al resto de la Naturaleza.

Caso eólicas en la provincia del Biobío: Los Ángeles y Negrete

Grandes extensiones de torres eólicas recorren la provincia del Biobío, enfocándose principalmente en sectores rurales cuyas familias que habitan estos territorios han sustentado su vida en el trabajo de la tierra y hoy se enfrentan a una amenaza permanente, que ingresó bajo la carátula de la energía renovable. Los casos son diversos, pero para esta ocasión optamos por representar en dos proyectos que arrastran conflictividad socioambiental.

En el caso de Negrete existe una inversión alemana representada en la empresa WPD, la cual cuenta con un proyecto eólico de una decena de aerogeneradores en el sector El Agro, donde familias trabajan la tierra y han visto afectadas sus vidas por los impactos socioambientales de las torres eólicas.

Ejemplo de aquello es el ruido constante que afecta gravemente la calidad de vida y el efecto sombra del cual son víctimas, cuestión que se da a partir de la cercana presencia de las torres a las viviendas y campos de las y los habitantes. Asimismo, desde la comunidad han enfatizado en que el parque eólico cuenta no solo con riesgo ambiental, sino también con el incumplimiento de compromisos por la propia empresa en pos de la mitigación a las afectaciones que han debido sufrir.

Por su parte, en sectores rurales de Los Ángeles los gigantes del viento han azotado el bienestar de familias mediante diversas formas, entre las que se encuentra la falta a compromisos adquiridos por la empresa AES que impulsa un conjunto de proyectos eólicos en la zona, además de irregularidades en sus propias faenas al ingresar a predios privados sin autorización e incluso talar árboles para facilitar sus trabajos sin el visto bueno de los propietarios de los respectivos sitios.

En este sentido, AES Corporation ha sido indicada por las comunidades rurales como una empresa que ha vulnerado progresivamente los derechos de la población y ha protagonizado no solo episodios de irregularidades en sus propias faenas, sino que también de no cumplir su palabra. Durante el segundo semestre de 2022, la población levantó un centro de resguardo en un camino de servidumbre en el sector de Las Trancas a raíz de las afectaciones que generó la empresa tras la intervención en canales de regadío y aguas lluvias, el cual fue destruido por conocidos y donde las comunidades apuntan a que el hecho ocurrió ante la presencia de Carabineros de Chile[17].

LA URGENCIA DEL POSTEXTRACTIVISMO

Hoy nos enfrentamos a la profundización del extractivismo en el Sur Global amparándose en la crisis climática y la necesidad de descarbonizar la matriz energética, pero sin cambiar el modelo de producción y acumulación capitalista. Bajo esta lógica, se han impulsado políticas de Estado en torno a las energías renovables y de transición energética, lo cual ha profundizado las vulneraciones a las comunidades y los impactos socioambientales en los distintos territorios. De esta forma, se ha tornado urgente avanzar hacia una transición con justicia, de carácter local, que responda a las necesidades de los pueblos y que sea co-construída con las comunidades.

En el caso de Chile, las políticas de Estado han ido avanzando bajo la idea de una “transición justa”, cuyo carácter corporativo queda en evidencia al desmenuzar sus bases y conocer a los protagonistas del proceso, viéndose directamente beneficiadas nacionales y transnacionales a costa, nuevamente, de los derechos de la Naturaleza y la población.

Es fundamental avanzar en la construcción concreta y viable de la superación del extractivismo tan anclado e impuesto en el país. De ahí que el postextractivismo se instala como un horizonte hacia el cual es esencial caminar conjuntamente mediante reflexiones y alternativas construidas colectivamente. Las amplias aristas de este proyecto, sus plazos, sus limitaciones y las actorías involucradas debe ser parte de la discusión que tengamos ampliamente; sin reproducir la forma de imposición política que hemos tenido en materia ambiental -y en tantas otras- durante la postdictadura chilena.


[1]Contribución Nacional Tentativa de Chile para el Acuerdo Climático París 2015. Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDC-web.pdf

[2] Disponible en: https://energia.gob.cl/noticias/aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/plan-de-descarbonizacion-proceso-historico-para-chile

[3] Disponible en: https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/07/AnuarioEstadisticoEnergia2021.pdf

[4] Arenas, G. y Arroyo, J. (2021). Miradas desde los conflictos socioambientales para una nueva Constitución: Energía para quién y para qué. OLCA. Disponible en: https://olca.cl/oca/informes/Energia-para-quien-y-para-que.pdf

[5] Acuerdos disponibles acá: https://www.energia.gob.cl/panel/mesa-de-trabajo-descarbonizacion 

[6] De acuerdo a datos del reporte mensual del sector energético de la Comisión Nacional de Energía, diciembre de 2022.

[7] Experiencia disponible acá: https://energia.gob.cl/noticias/nacional/chile-comenzo-exportar-gas-argentina

[8] Información disponible acá: https://energia.gob.cl/noticias/nacional/chile-y-argentina-acuerdan-intercambio-energetico

[9] Información dismponible en: https://www.elmostrador.cl/mercados/2022/12/19/chile-concreta-exportacion-de-energia-renovable-a-argentina-mediante-linea-de-transmision-ubicada-entre-antofagasta-y-salta/

[10] De acuerdo a datos del portafolio de proyectos “Green Hydrogen projects Chile” del Ministerio de Energía de Chile.

[11] Información disponible en: https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/nacional/08_09_2021_plantas_de_hidrogeno_verde

[12] Disponible en: https://www.corfo.cl/sites/cpp/sala_de_prensa/nacional/27_12_2021_ganadores_hidrogeno_verde

[13] Recomendamos la revisión de dos aportes del OLCA para esta discusión: La estrategia de hidrógeno verde en Chile y el lado sucio del negocio exportador de energía, enlace: https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109138; y ¿Quiénes controlan el negocio del “Hidrógeno Verde” en Chile?, enlace: https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109654

[14] Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) https://mapaconflictos.indh.cl/#/

[15] Para ver este fenómeno en el caso del Hidrógeno Verde, revisar: OLCA. (2022). ¿Quiénes controlan el negocio del “Hidrógeno Verde” en Chile?. Disponible en: https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109654

[16] Ficha del proyecto: https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2146683243

[17] Más información disponible en: https://resumen.cl/articulos/acusan-que-carabineros-destruyo-centro-de-resguardo-de-camino-rural-en-las-trancas-para-favorecer-proyecto-eolico

*Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA