La defensa ya anunció que apelará el veredicto del tribunal, mientras actores sociales realizan tomas, vigilias, cortes de ruta y analizan más acciones
Por BASE-IS
Ayer un tribunal compuesto por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero tuvo a su cargo la tarea de cubrir con ropaje jurídico lo que se definió en los bajofondos de la política en 2012. Sobre la condena pendía no solo el peso de lo ocurrido en la masacre, sino sobre todo el de la destitución de un presidente.
Las condenas a los campesinos y campesinas quedaron así: Rubén Villalba, 30 años de prisión más 5 por medidas de seguridad, Luis Olmedo, 20 años, Néstor Castro y Arnaldo Quintana, 18 años, Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López, 6 años, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Juan Tillería y Alcides Ramírez, 4 años.
La justicia paraguaya los condenó intentando mostrarlos como los responsables de todo, mientras que decidió no investigar a los policías que mataron a otros 11 campesinos en la masacre (7 de ellos, ejecutados luego de entregarse).
Pasó por alto las lagunas de la acusación fiscal y el manoseo de las pruebas y dio curso a una acusación genérica que no pudo probar la implicancia de los campesinos y campesinas. Por último, dio como hecho que las tierras donde se dieron la masacre pertenecen a la familia Riquelme, cuando todos los antecedentes demostraron que pertenecen al Estado.
Con esto último, dando la razón a los Riquelme, la justicia paraguaya blanqueó el patrón de robo de tierras estatales por esta familia, que es solo una de las que hizo en el país lo mismo con bienes del Estado.
“Vemos una justicia que ampara a poderosos y que utiliza a la población “desechable”, policías y campesinos, como si fueran cucarachas, no seres humanos…que pueden ser eliminados, utilizados…y que la justicia los cubre con su manto de injusticia”, dijo la paraguaya Rosa María Ortiz, ex-relatora de las Naciones Unidas que siguió ayer el veredicto frente al Palacio de Justicia.
Para ella con su fallo de ayer el Poder Judicial volvió a victimizar a los campesinos y campesinas, llevando al extremo la problemática de la tierra que existe en el país, en vez de buscar caminos de resoluciones pacíficas. “Las pruebas de la investigación que presentó la Fiscalía adolecen de muchos problemas insalvables que más bien ameritan un castigo a los responsables de la Fiscalía. La Fiscalía tiene, como institución, que salvaguardar su reputación”, dijo.
Para el economista Fernando Masi, la sentencia de ayer es un ejemplo de que en Paraguay no existe el estado de derecho. “Es una ironía que nuestro gobierno reclame en foros regionales como el Mercosur, Unasur, OEA que no se respetan los derechos humanos en otros países, cuando que en nuestro propio país los derechos humanos son violados por aquellos que administran la justicia”, dijo en su página de Facebook.
Para el activista y comunicador Pelao Carvallo con el fallo no solo pierden los campesinos y campesinas y el pueblo paraguayo, sino también la Fiscalía. Para él queda demostrado que ante un pueblo movilizado, creativo y decidido durante más de tres años en torno al caso, la Fiscalía no puede.
“Pierde, pero lejos, el Poder Judicial paraguayo. Teniendo la oportunidad en la sentencia de enmendar todo lo errado de un proceso judicial de más de tres años, lo que hizo el Tribunal de Sentencia fue a enterrarse en el lodo que en este caso crearon los jueces Benítez, Ríos y Goiburú, todos ellos de triste memoria. Pierde, porque no se esperaba otra cosa de ellos y no hay peor maldición que cumplir con hacer el mal que se espera. Se mostraron como secuaces de la fiscalía, sin ideas propias, sin voluntad, solo pensando en defender el guión aprendido”, escribió.
“Condenaron a tres mujeres a seis años de privación de libertad por ser mujeres, estar en el lugar de la masacre, haber estado ahí con sus hijos (cuidar a los hijos es un acto criminal para la fiscalía), dar un “ambiente de confianza” (las penalizan por la impresión que causan en otros), por la supuesta pretensión que tenían de engañar a los policías con ese ambiente de confianza (las criminalizan por lo que Jalil (el fiscal acusador Jalil Rachid) imagina que ellas tenían como objetivo, no por hechos concretos), por haber huido del lugar (cómo no iban a salir de ese lugar si estaban rodeados de policías armados hasta los dientes). Igual a los que se quedaron los juzgaron, por haberse quedado”, escribió la activista por los derechos de las mujeres Clyde Soto.
“Esto es el absurdo. Pero un absurdo con poder de mandarte a la cárcel”, dijo. Con el fallo de ayer, quedó en entredicho la independencia de poderes del Estado y quedó patente que la injerencia del poder político se da en la justicia a través del Ministerio Público.
Tras la lectura del veredicto la defensa de los campesinas y campesinas ya anunciaron que apelarán la sentencia, como también ya prevén recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Justicia de la OEA para enmendar el fallo local.
Dentro del movimiento social paraguayo desde ayer se evalúan distintas acciones para los próximos días. Desde ya se declaró una vigilia y asamblea permanente frente al Palacio de Justicia, ayer familiares y comunidades de los campesinos y campesinas acusados realizaron cortes de ruta a la altura de donde ocurrió la masacre, a 300 kilómetros de la capital.
También un grupo de familiares, abogados defensores, religiosas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, junto con un ex canciller y un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia tomaron desde ayer la sala 2 de juicios del Palacio de Justicia en Asunción, en repudio al fallo.
Foto: BASE-IS
