¿En la coyuntura venezolana, la juventud que ejerce su derecho a la manifestación pacífica, en búsqueda de democracia y libertad, es asesinada por el Estado, como parte de una política sistemática de violación a los derechos humanos sobre la disidencia, tal como difunden los principales medios, partidos y ONG de oposición y sus aliados internacionales?
Por Antonio J. González Plessmann
Mito 1. La juventud del país es el sujeto de las movilizaciones del último mes
La Encuesta Nacional de Juventud 2013, realizada por GISXXI, evidencia que el 73% de la población juvenil del país cree que el mejor sistema de gobierno es la democracia participativa y el 60% que el mejor sistema económico es el socialismo. No parece ser, por tanto, “la” juventud venezolana quien se movilizó en contra de la Revolución Bolivariana (que levanta las banderas de la democracia socialista) el último mes, sino una parte minoritaria de esta. Tal movilización ha ocurrido en algunas de las calles de urbanizaciones de clases medias y alta, de 18 (5,3%) de los 335 municipios que existen en el país. Pero no son sólo algunos jóvenes los movilizados. Las imágenes, videos y discursos, evidencian que los acompañan personas de diferentes edades, fundamentalmente de ingresos medios y altos, así como militantes políticos de un sector de la oposición liderado por López, Machado y Ledezma, cuya estrategia de movilización fue presentada públicamente a finales de enero2.
Mito 2. Están ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica
El artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra el “…derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas”. Las manifestaciones más concurridas de la oposición, durante este mes, se han iniciado pacíficamente (marchas y concentraciones), pero la mayor parte de las manifestaciones registradas, conocidas como Guarimbas, así como las acciones en contra de servicios públicos (Metro de Caracas, Pdval, Cantv e instalaciones eléctricas), han sido de carácter violento y están siendo protagonizadas por pequeños grupos de personas dentro de la oposición, que han logrado imponer su agenda a ese sector, no exento de conflictos internos3. Como consecuencia directa de las Guarimbas, han sido asesinadas 9 personas de un total de 17 que han perdido la vida en el conflicto: 5 como consecuencia de choques contra escombros, guayas o alambres de púa colocados por manifestantes de oposición; 2 asesinados con armas de fuego al intentar mover los escombros; 1 un transeúnte asesinado con un cuchillo por alguien que había sido agredido por los manifestantes, unos minutos antes y uno más atropellado por un vehículo que intentaba sortear la barricada. Adicionalmente, fue asesinado, en enfrentamiento con civiles armados que estaban manifestando, el Sargento de la GNB, Giovanni Pantoja, en Valencia, y existe un número superior a 30 GNB heridos, en el control de manifestaciones.
Mito 3. Están buscando “democracia y libertad”
El significado de la democracia y la libertad ha sido objeto de una profunda disputa político-ideológica, en los últimos 15 años. La Revolución habla y construye desde la democracia socialista y la oposición, reivindica para sí, la democracia liberal, de la economía de mercado. Más allá del contenido de ese debate, cuya magnitud rebasa este espacio, resulta paradójico que quienes se asumen defensores de algún tipo de democracia no acepten la voluntad popular ratificada en 18 procesos electorales; el más recientes de los cuales (diciembre 2013) avala la legitimidad de la Revolución con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales. Al acusar al gobierno de “Dictadura”, se autorizan a sí mismos a apelar a fórmulas insurreccionales y conspirativas (el siempre soñado deseo de que algún militar o fuerza extranjera les haga el trabajo que no han logrado por los votos), reñidas con cualquier concepto de democracia. Como señalan más de 40 activistas de derechos humanos en un comunicado que suscribo, “…sus acciones no sólo se expresan contra la institucionalidad democrática sino también, de manera directa, contra la mayoría de la población que ha respaldado a la tolda de gobierno”4.
Mito 4. Están siendo asesinados por el Estado
La matriz predominante en medios de oposición, nacionales e internacionales, es particularmente perversa con este tema, pues instrumentaliza la muerte de estos compatriotas, a favor de la estrategia que apunta a minar la legitimidad al Gobierno5. Todas esas muertes repugnan, independientemente de quienes sean las víctimas y quienes los victimarios. Todas expresan el lado más dramático y doloroso de nuestra disputa hegemónica. Todas deben ser investigadas seriamente, sus responsables identificados y sancionados, sus familiares y la sociedad reparados, y modificadas las condiciones que hicieron posible su ocurrencia. La evaluación, uno a uno, de los casos, evidencia, sin embargo, fuentes múltiples de la violencia, a contravía de la matriz denunciada: a) en 5 casos parece existir responsabilidad directa de funcionarios de organismos de seguridad del Estado (GNB y SEBIN); b) en 1 caso se presume la responsabilidad de un civil armado pro-gobierno; c) en 3 casos se presume la responsabilidad de civiles armados de oposición; d) en 5 casos las muertes ocurrieron a consecuencia de accidentes de tránsito generados por las Guarimbas colocadas por manifestantes de oposición; e) en 2 casos las muertes ocurrieron por conflictos en las Guarimbas y; f) en 1 caso más, se trata de un accidente.
Mito 5. Los casos son parte de una política sistemática de violación a los derechos humanos
Nada excusa el comportamiento de los funcionarios de la GNB y el SEBIN, que han protagonizado violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en esta coyuntura. Pero esos casos no demuestran la existencia de una política sistemática de violación a los derechos humanos. Por el contrario, existen suficientes hechos que demuestran una política que pretende enfrentar la impunidad y modificar estructuralmente las condiciones que posibilitan las violaciones a los derechos humanos, en el contexto de manifestaciones. Todos los casos denunciados están siendo investigados, por orden del propio Presidente de la República quien ha dicho, sobre los funcionarios, que “si alguno de ellos aparece involucrado con personas heridas o fallecidos, ¡que pagué con cárcel! No protejo a nadie que dispare contra manifestaciones”6. El mismo Presidente propuso a la oposición la creación de una Comisión de la Verdad para investigar la violencia reciente, en marco de su iniciativa de Mesa de Diálogo. Desde 2006 para acá, es posible encontrar, además, una política sistemática de reforma policial, que incluye la construcción de estándares sobre el Uso Proporcional de la Fuerza por parte de funcionarios7; así como la cualificación de la formación bajo un nuevo paradigma de la seguridad ciudadana (UNES)8. Ningún funcionario de la PNB, formada bajo este modelo, ha sido acusado de vulnerar el derecho a la vida en este contexto.
La actual coyuntura demuestra, sin embargo, que los esfuerzos no son suficientes. Siempre que exista un caso y una víctima, es necesario interpelarnos como militantes de la revolución y como gobierno. La reforma no ha llegado a la GNB ni al SEBIN y resulta urgente generar procesos en esa dirección.
