Colombia: La extracción del metal precioso pone en alerta a la sociedad por la contaminación del agua y el desorden del medio ambiente que ya se presienten
Por Maristella Svampa
Colombia es una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, con una variedad de ecosistemas que incluyen desiertos, selva tropical, páramos, cordilleras y bosques de niebla. Cuenta también con una gran diversidad cultural, un centenar de pueblos originarios, comunidades afro-colombianas y, a diferencia de su vecina, la Venezuela rentista y petrolera, con muchísimos campesinos que laboran la tierra y producen gran cantidad de alimentos.
Pude asomarme a esta realidad gracias a un viaje que hicimos al departamento del Tolima, distante a unas horas de Bogotá, en el centro-occidental del país, con el Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, que reúne desde hace cinco años a unos cuarenta intelectuales y activistas de América Latina y Alemania. En el Tolima recorrimos las localidades de Ibagué, Piedras, Doima y Cajamarca, y conversamos con pobladores que se oponen a La Colosa, un megaproyecto faraónico, que de construirse, sería la quinta mayor mina de oro en el mundo, en manos de la empresa Anglo Gold Ashanti. El cráter de la mina se haría en Cajamarca, municipio considerado “la despensa agrícola de Colombia” por su importancia en la producción de alimentos, donde además nacen importantes fuentes hídricas. Todo eso hace que campesinos, mujeres amas de casa y estudiantes universitarios, se hayan organizado en Comités Ambientales en Defensa de la Vida.
Fue el actual presidente Juan Manuel Santos quien en 2010 lanzó la consigna de Colombia, la “locomotora minera y energética” y abrió el país a una de las actividades extractivas más cuestionadas en América Latina. Colombia no es un país con minería a gran escala como Perú o Bolivia, pero ha sido tierra de diamantes y cuenta además con una de las minas de carbón más grandes del mundo, El Cerrejón, en La Guajira. En los últimos años, en un contexto en el cual se flexibilizaron los controles ambientales, Anglo Gold Ashanti, una compañía de origen sudafricano, llevó a cabo un acaparamiento de títulos mineros que pasó casi desapercibido en la sociedad colombiana. La empresa es la tercera multinacional minera de oro a nivel mundial y como otras primas hermanas (la canadiense Barrick Gold, también especialista en oro), ofrece una larga lista de crímenes que incluyen desde la contaminación de agua en Ghana, hasta denuncias de financiamiento de paramilitares en el Congo.
En Piedras, pequeña localidad arrocera distante a hora y media de Cajamarca, donde se pensaba construir la planta de lixiviación (que mezcla cianuro y agua, para separar el mineral), la población propuso seguir “el ejemplo de Esquel”, como dijo uno de los voceros, aludiendo a la primera consulta sobre megaminería realizada en Argentina, en 2003. La de Piedras, en 2013, fue también la primera consulta pública en Colombia y arrojó un 98% de votos por el No a La Colosa. Aunque fue judicializada por el gobierno, el Tribunal Superior de Justicia la declaró constitucional. De ese modo, La Colosa se convirtió en el conflicto emblemático en Colombia en lo que respecta al extractivismo.
La megaminería no es el único frente de conflicto extractivo en la región. También está el Plan Maestro de Aprovechamiento del Rio Magdalena, el río más importante del país, que nace en la cordillera y tiene una longitud de 1500km. La concesión forma parte de la llamada política de Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), y apunta a convertir el río en una gran hidrovía para transportar con barcos de gran calado, carbón, petróleo y aceite de palma, destinados a la exportación. El otro objetivo es convertirlo en un gran generador de energía, a través de la construcción de varias represas, muchas de ellas al servicio de proyectos mineros. La lucha contra este enorme plan de privatización del Río Magdalena (en manos de una empresa china) originó una campaña con el nombre de “El Río de la Vida”.
El notable escritor William Ospina, oriundo de Padua, Tolima, quien viene acompañando la campaña, escribió: “El río es sólo una de las manifestaciones del agua. Proteger el agua aquí, defender el agua aquí, es defender totalmente el ecosistema de todo el territorio y en esa medida del mundo, aquí estamos en un lugar especialmente privilegiado y tal vez el lugar desde el que habría que articular en este mundo y para este mundo el discurso del agua, por eso me parece tan importante todo esto, porque no puede ser percibido simplemente como la lucha local de unos ribereños o como la lucha local de unos nacionales por defenderse de unas fuerzas que avasallan un territorio y que quieren apoderarse de él, sino que es la lucha de la humanidad por salvar la esencia de su futuro es la lucha por salvar este planeta de un colapso anunciado y casi inminente”.
En en el viaje también compartimos charlas informales con jóvenes y campesinos del Congreso de Los Pueblos, espacio lanzado oficialmente en 2010, con más de 17.000 delegados y unas 200 organizaciones. Dicho movimiento de movimientos nuclea pueblos originarios, afros, campesinos, territorios de paz, organizaciones barriales, redes de soberanía alimentaria y sindicatos. Su marca de origen es la autoorganización y sus banderas la defensa de la tierra, el territorio, la soberanía así como la apuesta por la “Paz con Justicia social”.
Es cierto que Colombia ofrece un escenario tremendo y difícil: gobiernos de derecha, un interminable conflicto armado donde guerrillas, ejército y paramilitares, mezclados con el narcotráfico, se disputan vidas, bienes y territorio; 6 millones de desplazados, acuerdos de paz que no terminan de concretarse, pintan un cuadro poco propicio para pensar nuevos horizontes políticos. Sin embargo, mirada desde cerca, Colombia es también teatro de luchas ecoterritoriales en defensa de la vida, un país donde se abren brechas y se multiplican movimientos sociales y políticos amplios y novedosos, que bregan por la construcción de una izquierda plural y democrática. En suma, un escenario que parecería insertar al país en un ciclo novedoso y ascendente de las luchas.
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Las organizaciones y personas abajo firmantes rechazamos las amenazas que organizaciones sociales del Tolima recibieron el pasado 30 de septiembre por parte del grupo paramilitar Águilas Negras.
En Cajamarca, Tolima, la empresa Anglogold Ashanti Colombia ejecuta el proyecto exploratorio para minería aurífera La Colosa, lo cual ha motivado un importante movimiento social que defiende el territorio y las aguas del departamento.
Los hechos:
1. El 30 de septiembre de 2015, las organizaciones Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, el Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca COSAJUCA, La Unión Campesina, la Corporación Conciencia Campesina y la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Rio Anaime APACRA; recibieron un correo firmado por las Águilas Negras donde amenazan la integridad de algunos de sus miembros.
2. Durante los meses de junio y julio del presente año, los integrantes de la Red de Comités Ambientales del Tolima habían recibido otras amenazas por parte de grupos paramilitares, lo cual fue denunciado en su momento por organizaciones sociales y de derechos humanos.
3. En febrero del 2013, medios de comunicación y organizaciones sociales del Tolima denunciaron a la empresa Sudafricana AngloGold Ashanti por un mensaje de texto entre funcionarios en el que se estigmatizaba a los campesinos de Anaime-Cajamarca que se oponen al proyecto minero La Colosa, como miembros de la guerrilla, durante una mesa ciudadana convocada por Cortolima.
Estos hechos van en contravía de los esfuerzos de las organizaciones que luchan por la defensa territorial en el departamento del Tolima, amenazando los derechos humanos de activistas que rechazan la presencia y afectaciones que trae consigo la presencia de proyectos mineros como La Colosa sobre su territorio. Recordamos que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano.
Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de garantizar la integridad de los miembros de las organizaciones que se han visto amenazados, tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las amenazas, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.
Demandamos:
1. Que el Estado colombiano realice las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de las amenazas
2. Se den las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los miembros de organizaciones que luchan por la defensa del territorio y de los campesinos que se han visto afectados por las acusaciones
3. Que el Estado colombiano no siga privilegiando los derechos particulares de las grandes empresas sobre los derechos colectivos de las poblaciones afectadas por los proyectos extractivistas en todo el paí.
Expresa tu apoyo firmando aquí:
