La justicia chilena debe investigar a fondo y sin discriminación la muerte de Macarena Valdés, declaró el Tribunal Etico “Terrorismo de Estado y Violencia del Capital en Territorio Mapuche” que sesionó el pasado 18 de noviembre, en el Campo Abierto del Museo “Ruka Kimvn Taiñ Volil” de Cañete, Provincia de Arauco (Chile)
Por Lucía Sepúlveda Ruiz, periodismo sanador
El tribunal, convocado por ANAMURI y la organización local Rayen Voygue, analizó casos de violencia contra la mujer mapuche. En su declaración final exigió que el Estado chileno “en las causas en las que una mujer mapuche es víctima, investigue de acuerdo a los estrictos estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es: sin discriminación, con acuciosidad y objetividad, estableciendo responsabilidades y sanciones adecuadas. Hacemos un especial llamado a investigar con objetividad y sin dilaciones la extraña muerte de la comunera Macarena Valdés de la comunidad Newen-Tranguil, ocurrida en el marco de un conflicto ambiental con una empresa hidroeléctrica transnacional.”
El tribunal también sancionó los actos de tortura contra mujeres, niños y niñas y el respaldo del Estado a las invasiones de empresas forestales e hidroeléctricas, así como la militarización del territorio. Estableció asimismo que la violencia estatal se manifiesta en “la falta de acceso a la justicia para mapuche víctimas de violencia, y un trato discriminatorio en relación al ejercicio de este mismo derecho por parte de los no mapuche. Cuando se comete un delito en que la víctima es no mapuche, y el supuesto autor un mapuche, los casos siempre se investigan con acuciosidad. No ocurre lo mismo cuando la víctima es mapuche.”
Integraron el panel las abogadas Karina Riquelme (Centro Sur), Mirna Villegas (U de Chile), Camila Maturana (Corporación Humanas) y Natividad Llanquileo; junto a la directora del Museo Mapuche Juana Paillalef y Dominica Quilapi: el sociólogo Tito Tricot (U Alberto Hurtado), Cristian Cuevas Coordinador del Frente de Trabajadores “Nelson Quichillao” y Francisca Rodríguez, vicepresidenta de ANAMURI.
Entre otros impactantes relatos, escucharon el testimonio de Rubén Collío quien sospecha su compañera, Macarena Valdés (32 años), fue asesinada. En Valdivia, él entabló una querella criminal contra los responsables de la muerte de Macarena, madre de sus 4 hijos, de 1, 5, 11 y 14 años, ocurrida el 22 de agosto cuando ella se encontraba en su casa, sola con su guagua. Oficialmente registrada como suicidio, la causa de muerte no queda clara en la autopsia realizada por el legista Enrique Rocco, cuestionada en principio por varios médicos consultados por la familia, entre los cuales está el reconocido tanatólogo Luis Ravanal. Entrevistado por El Desconcierto, el forense sostuvo que el diagnóstico de la muerte por ahorcamiento no tiene un sustento objetivo, agregando: “Lo que no se puede acreditar es que fue ahorcada en vida, un cadáver también puede ser ahorcado. El asunto está en que el informe de autopsia no describe lesiones vitales en el cuello, que son las necesarias para demostrar que murió por esa lesión que se produjo cuando la persona estaba viva”.
Por su parte, en entrevista hecha por Radio Villa Francia, Rubén relata que su hijo de 11 años encontró a la madre colgando del techo. Luego llegó él, y vio que la guagua estaba mudada “con un pañal de los buenos, que aguantan, una muda de ropa, los carnets de control médico en la cartera, porque Macarena estaba lista para salir. Además nos dejó comida preparada, dos presas de pollo y las papas encima de la cocina. Eso no calza. Todo estaba normal….” No había ningún historial de depresión. En el velorio, la madre de Macarena reveló que en sus cartas su hija se mostraba como una persona feliz y realizada en su proyecto de pareja, de familia y de vida. Los Collío-Valdés habían dejado Santiago tres años atrás, y eligieron Tranguil para reconectarse con la tierra y criar a sus hijos de una forma diferente.
Denuncia internacional
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La Comisión de DDHH de Naciones Unidas recibió en su pasada sesión N°33 (septiembre 2016), un pedido de acción urgente formulado por Collío, denunciando que el suicidio de la activista, no era tal. Su muerte ocurre en el contexto de resistencia contra un proyecto de central hidroeléctrica de paso de la empresa austríaca RPG Global Chile, cofinanciado por el Banco BICE, en una zona turística donde sin embargo hay concesiones mineras. Como afectada, Macarena formaba parte de esta lucha territorial, junto a Rubén, vocero (werken) de su comunidad, ubicada en Tranguil, un sector cercano a Liquiñe, en la comuna de Panguipulli de la sureña Región de Los Ríos. Dos días antes del hecho, contratistas de RPG presionaron a la señora Mónica Pailamilla para que expulsara a los Collio del lugar, ya que ella es dueña del terreno donde la familia Collio vive, puesto que si Rubén no abandonaba el lugar, “algo muy malo podría pasarles”.
El caso también fue puesto en conocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y una funcionaria concurrió el 27 de octubre a una asamblea en Tranguil. No hay comentarios hasta ahora de esa entidad ni de otras esferas de gobierno. La denuncia de la comunidad se ha dado a conocer en redes sociales y medios como Puelche y Mapuexpress, y posteriormente en El Desconcierto y radio Villa Francia, en tanto que la querella no presenta aun diligencias. En cambio el proyecto de RPGlobal, gerenciado en Santiago por Cristian Lindsenmeyer, sí avanzó. Durante el velorio de Macarena, una cuadrilla de trabajadores intentó sin éxito instalar el cableado de alta tensión, lo que fue impedido por la comunidad organizada, pero en octubre, la cuadrilla de SAESA regresó con carabineros de Liquiñe y una tanqueta, instalando así el cableado que pasa por sobre y al lado de la casa de Macarena.
Femicidio y montaje
Los antecedentes entregados por Rubén Collío apuntan a que en Chile se cometió el pasado 22 de agosto un femicidio empresarial, similar al caso de Berta Cáceres, lideresa defensora de su territorio en Honduras. La muerte de Macarena Valdés, es en este contexto un montaje criminal para notificar a las comunidades de Panguipulli (donde hay 8 proyectos de centrales) y a todas las de la Región de los Ríos que deben bajar la resistencia a la construcción de las decenas de centrales hidroeléctricas allí proyectadas, y abandonar la defensa del agua y de su territorio ancestral. El próximo 2 de diciembre, Rubén Collío será acusado en un juicio de “intentar quemar un camión de la empresa”, una acusación falsa que se origina en su participación, junto a Macarena, en un corte de ruta que tuvo lugar el 1 de agosto, en el que el gobernador puso fecha 19 de agosto para entregar un informe de fiscalización de las obras, que no llega hasta ahora.
Las irregularidades del proyecto de RPGlobal habían sido puestas en conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por Rubén Collío. Como ingeniero ambiental él objetó que no se hiciera Estudio de Impacto Ambiental para la obra y su cableado y que no se realizara la Consulta Indígena a la población directamente afectada. La empresa funciona con un documento de “pertinencia” aprobado con la ausencia clave de Sernatur en la votación. RPGlobal actúa como si contara con un permiso ambiental que además la eximiera de solicitar servidumbres y otras autorizaciones. Hace pocos días la autoridad ordenó paralizar sus obras por no contar con permiso para extraer áridos, sin embargo anteriormente RPG desvió impunemente el curso de un río, inundando un cementerio indígena.
