En 2014 se presentó la nueva política minera, bajo el lema de “Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible”, como un impulso para proyectar al sector como el pilar de la economía nacional, y que, entre otras cosas, planteó un aumento de la extracción en un 36% desde el 2015 al 2024. Esto significa llevar la megaminería a lugares donde nunca ha existido e intensificar aún más la sobreexplotación en territorios ya devastados, como ocurre en Chañaral, uno de los sitios más contaminados del planeta, donde se pretende explotar las 350 millones de toneladas de relaves depositadas por 50 años en la cuenca del Río Salado y que hoy está bancado en la bahía de esa ciudad
Por Lucio Cuenca, Stefanía Vega y Tania Muñoz*, El Mostrador
Chile será sede de la primera versión en América Latina de la cumbre más importante sobre inversión minera mundial, basada en Indaba Mining Africa, que reúne desde hace 20 años a múltiples actores para explotar ese continente.
Se trata de “Invertir en América Latina: Donde el mundo se conecta con la Minería de Latinoamérica”, a realizarse los días 11 y 12 de julio en Santiago.
Chile, como país anfitrión, busca, por sobre todo, promover y posicionar a América Latina como el paraíso ideal para la inversión minera, proyectando y alimentando la base cultural extractivista de que la región posee riquezas ecológicas infinitas.
Hoy estamos ante un escenario en que la minería adquiere dimensiones de impacto ambiental nunca antes conocidas, sobrepasando todo límite racional de explotación.
En las últimas dos décadas, América Latina (período 1990-2010) casi duplicó su participación mundial en la extracción de oro, molibdeno de mina y cobre (CEPAL; UNASUR, 2013), insertándose en el sistema global como una de las principales regiones proveedoras de materias primas sin procesamiento a países industrializados. Este crecimiento exponencial ha estado acompañado de un acelerado aumento de pasivos ambientales que han desencadenado un vasto número de conflictos socioambientales con comunidades locales en toda la región. Según la información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se registran 219 conflictos mineros en América Latina, concentrándose la mayor cantidad de ellos en Perú, México y Chile.
Constantemente se están realizando cumbres mineras en Chile, y a nivel región, pero ¿qué hace especial esta cumbre de todas las demás?, ¿qué proyecta para el futuro del extractivismo minero en Latinoamérica? Muchas dudas surgen, sobre todo, porque es la primera versión en América Latina de una “exitosa” cumbre que subasta año tras año el devenir de uno de los continentes más pobres y devastados del globo.
¿América Latina como el nuevo África?
La justificación de esta cumbre se basa en generar un nuevo escenario para Latinoamérica, dado el contexto en el que se encuentra el sector a nivel global, luego del fin del súper ciclo. En el caso del cobre, su precio ha observado una baja hasta en un 30% en los últimos dos años.
La apuesta principal de la cumbre es reincentivar la inversión minera en la región, luego de que el sector dejará de hacerlo para adecuarse a la baja del precio. El encuentro busca instalar la idea que América Latina se encuentra en un “escenario estable” para llevar a cabo las inversiones, ve “con buenos ojos” que Perú, Brasil y Argentina estén bajo la conducción de gobiernos de derecha: “Gran parte de América Latina está escencialmente bajo una nueva dirección, con políticas que cambian para favorecer el sector minero, ver, por ejemplo, la reciente reducción de impuestos a la exportación de productos mineros en Argentina. Todo esto proporciona una perspectiva mejorada para los inversores, los mineros y la economía de la región”.
Asimismo, logran proyectar “un optimismo cauteloso” sobre la explotación de litio, oro y cobre, dada la constante necesidad de estos minerales en el mercado.
¿Qué y quiénes están detrás de esta cumbre?
El evento cuenta con el apoyo de Prospectors & Developers Association of Canadá (Asociación Canadiense de Prospección & Desarrollo), entidad que anualmente organiza uno de los encuentros en minería más importantes de ese país. También tiene la ayuda de sponsors (financiamiento a cambio de publicidad) por parte de empresas mineras como Newmont Mining Corporation, dueña de los cuestionados proyectos Yanacoha y Conga en Perú, debido a las afectaciones ambientales y sociales a los habitantes de Cajamarca, en especial de Máxima Acuña, ganadora del Goldman Prize 2016; y YamanaGold, propietaria de los proyectos auríferos El Peñon, en la Región de Antofagasta, y Florida, en Alhue. Este último, ha generado un impacto ambiental en el territorio debido a filtraciones constantes en su tranque de relaves. También aparece la firma de abogados transnacional Baker McKenzie, la Bolsa de Comercio de Santiago, la multinacional en construcción Black&Veatch, entre otras entidades.
Dentro de los patrocinadores oficiales del evento están los principales gremios mineros del país, como el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), entidades defensoras acérrimas de esta “adicción extractivista” a basar nuestra economía en la explotación y exportación de minerales sin procesamiento. El encuentro contará con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams, y con autoridades del rubro de Argentina, Perú, Ecuador y Sudáfrica. Esta diversidad de actores público-privados nos evidencia que para el poder político y económico de estos países los límites irracionales de expansión de la minería no son suficientes, y que la respuesta a la crisis en la baja del precio debe enfrentarse con más explotación.
El caso particular de Chile: horrorosas prospecciones
En 2014 se presentó la nueva política minera, bajo el lema de “Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible”, como un impulso para proyectar al sector como el pilar de la economía nacional, y que, entre otras cosas, planteó un aumento de la extracción en un 36% desde el 2015 al 2024. Esto significa llevar la megaminería a lugares donde nunca ha existido e intensificar aún más la sobreexplotación en territorios ya devastados, como ocurre en Chañaral, uno de los sitios más contaminados del planeta, donde se pretende explotar las 350 millones de toneladas de relaves depositadas por 50 años en la cuenca del Río Salado y que hoy está bancado en la bahía de esa ciudad. Con esta proyección se requiere aumentar la demanda de agua y energía, además de pavimentar un camino sin retorno hacia la destrucción de ecosistemas frágiles e irrecuperables, como son los glaciares.
A través de esta cumbre, la ministra de Minería dará inicio a una suerte de subasta regional, donde empresarios/especuladores, a partir de una laxa legislación, han logrado concesionar gran parte del territorio nacional en pro de estos proyectos que incluyen en su maleta altos índices de conflictividad social en cada localidad en que se instalan, contaminación atmosférica, de suelo y agua versus unas sobreganancias para las empresas, que para el caso de nuestro país, según constata un estudio de la Universidad de Chile, llega a los 120 mil millones de dólares, que equivale al 45% del PIB que alcanzó en el año 2014.
Cifras devastadoras que dan cuenta del negocio redondo que significa “invertir” en Chile y del empobrecimiento planificado que ha sufrido el “arca estatal” frente a sus ojos y bajo su venia, a la espera de que un nuevo súper ciclo o boom se instale y con ello volver a mitificar en torno a la minería, bajo el lema de que, cuando crece, todos crecemos. Una ecuación que en la práctica, podemos comprobar, está muy lejos de ser real.
*Lucio Cuenca y Stefanía Vega, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Tania Muñoz, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)
