País aprovou em setembro uma lei sobre megamineração, vista por muitos como medida para uma empresa, e só em outubro foi convocada licitação para estudos geofísicos do território.
El Estado uruguayo, que acaba de aprobar una ley de megaminería, en realidad desconoce las eventuales riquezas minerales del subsuelo y solo ahora se propone un estudio geológico para averiguarlo.
Durante décadas, la investigación geológica estuvo en tercer plano en este país agropecuario y sin montañas, volcanes ni fallas geológicas.
Hasta que apareció el proyecto de la empresa minera Aratirí, filial del grupo indio Zamin Ferrous, para abrir un gran tajo en el suelo uruguayo y extraer unos 18 millones de toneladas anuales de mineral de hierro en la zona central de Valentines, en el límite de los departamentos de Treinta y Tres y Florida y 234 kilómetros al norte de Montevideo.
El consiguiente debate desembocó en la polémica Ley de Minería de Gran Porte a inicios de septiembre, para muchos una norma hecha a medida de Aratirí.
Pero solo a fines de octubre el gobierno decidió convocar una licitación internacional, a la que se presentaron siete empresas, para un relevamiento geofísico del territorio.
Hasta ahora, el Estado cedió a las empresas la posibilidad de explorar la existencia de riquezas, dijo a Tierramérica el jefe de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), Pier Rossi.
El objetivo del estudio es detectar “las anomalías magnéticas para definir las áreas de interés, sin esperar a que las firmas privadas hagan el trabajo”, sostuvo Rossi.
La información de ese relevamiento aéreo de datos magnetométricos de alta resolución y espectrometría gama permitirá conocer “las edades de evolución de los minerales en las rocas” para precisar su valor, añadió Rossi, geólogo de profesión.
Cuando se tenga “toda la información, el Estado estará en condiciones de negociar en pie de igualdad las explotaciones con las empresas”. Así “tengo la posibilidad de decidir cuándo y cómo se llevan adelante los trabajos”.
Pero, incluso con ese estudio, es dudoso que la actual capacidad del Estado sea suficiente para controlar lo que hacen las empresas, opinó la investigadora y profesora Leda Sánchez, del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
“El Estado es responsable de que las cosas se hagan bien, pero es una calesita de problemas. Si no hay buena geología no hay buena minería”, sentenció Sánchez.
Entre las debilidades señaladas por Sánchez se encuentra la imposibilidad de establecer planes de remediación que las empresas mineras deben hacer tras explotar una zona terrestre.
El titular de la Dinamige replicó que “no vamos a resolver lo que en 60 años no se hizo. Tenemos que rearmar todo”.
Aun sin los nuevos datos, Sánchez rechaza el “volumen extraordinario”, de megaminería, que se da al yacimiento de hierro de Aratirí. En realidad es “pequeño”, dijo a Tierramérica.
“Las dimensiones nos parecen grandes porque somos un país chiquito. No somos un país minero per se. Uruguay seguirá siendo ganadero”, sostuvo.
La Cámara de Industria Minera del Uruguay también se opone al término “gran porte”.
Es imposible que exista un proyecto “mega” dadas las dimensiones del territorio, dijo a Tierramérica un dirigente de la Cámara que pidió no revelar su nombre.
La ley se aplica a proyectos de más de 400 hectáreas. “Si lo traslado a la ganadería, ahí caben 200 terneros y nadie habla de ganadería de gran porte”, comentó el empresario.
Uno de los puntos que la Cámara más cuestiona de la ley es que el permiso minero y el contrato con el gobierno solo se celebran después de que las empresas realizan las inversiones de exploración.
Antes, se otorgaban los permisos en forma previa a las exploraciones. La Cámara asegura que de 1.000 programas de exploración, apenas uno concluye en éxito.
Las fuentes de la Cámara coinciden en que el Estado tiene “un desconocimiento total” de lo que existe en el subsuelo. “Solo manejan hipótesis”, dicen y señalan que en este país ni siquiera existe la carrera de ingeniería en minas.
Para la profesora Sánchez, las empresas que explotan minerales –oro, piedra caliza y piedras semipreciosas, entre otros—, deberían contribuir con la Universidad de la República, pues son las que “se llevan” a los estudiantes de geología.
“Nosotros como estructura académica no estamos preparados para la masa de estudiantes que estamos teniendo”, explica. Según Sánchez no solo debería existir apoyo económico del sector privado, sino interacción académica.
La profesora también se queja de que el gobierno haya puesto en vigor una ley de megaminería sin reforzar el presupuesto de la Facultad de Ciencias.
Cuando el parlamento discutió “los impuestos a las mineras, nadie se acordó que los geólogos se forman en la Universidad de la República y que esta no tiene recursos suficientes”, sentenció.
Publicado por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
