Por Javier Taks*
El estado de São Paulo vive una sequía de características desastrosas, que pone en riesgo la salud y la vida de millones de personas. Nuevamente los vecinos en las ciudades se organizan para reclamar soluciones inmediatas y de largo plazo a las autoridades públicas, y en la búsqueda de alternativas en la gestión del agua potable. Simultáneamente se retoma la crítica a los procesos privatizadores y la falta de previsión e inversiones en infraestructura que, junto con las razones climáticas, conforman el coctel para lo que podría convertirse en tragedia.
Sin duda que este fenómeno socio-ecológico con amplia cobertura en los medios uruguayos, aunque casi nunca analizado con rigor, es parte del contexto para describir la situación de los recursos hídricos en Uruguay. El otro aspecto a considerar, es que el año pasado se cumplieron 10 años del Plebiscito del Agua que por voto ciudadano, y luego de una gran movilización popular, consagró el 31 de octubre de 2004 que “El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. A partir de entonces se ha elaborado una Ley Nacional de Recursos Hídricos y se avanzó en un plan de gestión participativa, con la conformación de Consejos y comité de cuencas hidrográficas.
Mientras los avances en materia legal y en gestión son indiscutibles y cuentan con la legitimación de la gran mayoría de quienes impulsaron los cambios una década atrás, los conflictos por el agua se han multiplicado en todo el territorio nacional por el avance de un modelo más intensivo y excluyente de capitalismo agrario, por la urbanización desordenada y, no menor, porque el agua es uno de los idiomas para la defensa de los territorios locales ante las propuestas de grandes proyectos de desarrollo económico extractivistas y la infraestructura material y logística asociadas. Mientras en Sao Paulo el problema más visible es la escasez cuantitativa, en Uruguay el problema más visible es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, otro tipo de escasez de naturaleza más cualitativa.
La degradación del agua para consumo humano
En Uruguay, 98% de la población nucleada se abastece del servicio de agua potable, con un consumo promedio de 130 litros/hab/día. El servicio de agua potable lo provee la empresa pública Obras Sanitarias del Estado (OSE), que en el Departamento de Maldonado se asoció con la Intendencia para prestar el servicio en aquella zona turística del país. Luego de la reforma constitucional queda aún una pequeña empresa mixta, cuyas acciones minoritarias están en manos de capitales nacionales, último testimonio de las intenciones neoliberales en los 90s.
La gran mayoría de la población vive en el área metropolitana de Montevideo, que a su vez recibe agua potable a partir de la toma en el río Santa Lucía. A partir del verano de 2013, la empresa pública ha estado en el centro de las polémicas sobre su capacidad de contrarrestar los efectos de la intensificación agrícola y las descargas industriales y urbanas sin tratamiento, que han afectado negativamente las aguas principalmente del Santa Lucía, encareciendo y provocando cambios no siempre deseables en las tecnologías de potabilización, por ejemplo el aumento del cloro. Es que en marzo del 2013 los montevideanos abrieron sus canillas y el agua estaba turbia y con un olor fuerte desagradable y penetrante, motivado por la proliferación de un tipo de alga que resultaron ser, en esta oportunidad, no tóxicas.
Como dijo Adriana Marquisio, ex vocera de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y funcionaria de la OSE: “El evento de marzo del 2013 nos dejó un antes y un después en la historia del servicio de abastecimiento de agua potable en el Uruguay. Nunca antes se había dudado de la potabilidad del agua en el país, en forma tan generalizada.”[1] Esta situación se ha generalizado para muchas cuencas y tomas de agua: Laguna del Sauce, río Uruguay, río Negro. En todos los casos se reconoce como resultado del uso masivo de agrotóxicos que por acción de escorrentía terminan sus excedentes en los cursos de agua; además de los efluentes urbanos crudos o con tratamiento únicamente primario que se vierten en arroyos y ríos.
Es por todo esto que en estos últimos 10 años las voces críticas a la gestión actual del agua hayan pasado de una lucha contra principalmente la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, a un análisis y movilización contra los modelos de desarrollo que, indirectamente y de formas más complejas, arriesgan la eficacia de los servicios públicos de garantizar la potabilidad del agua que llega a la población, así como la salud de ecosistemas que permiten la reproducción de formas de producción y vida menos integradas al capital.
Algunos de los técnicos que colaboraron en la redacción del articulado de la reforma constitucional una década atrás, consideran que se quedaron “cortos” con el texto, en cuanto a explicitar más restricciones a la apropiación de los territorios (acaparamiento de tierras, formas intensivas de extractivismo agropecuario, entre otros) que estaría provocando los mayores riesgos a la calidad y cantidad del agua.[2]
En varias oportunidades, se han realizado denuncias de contaminación de plantas potabilizadoras de agua en pequeños poblados por fumigación aérea de glifosato, particularmente en los cultivos de soja. Recientemente, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha prestado atención a estos hechos en la zona de Guichón, en el Departamento de Paysandú donde personas y aguas están siendo directamente violentadas.
Fracking y las aguas subterráneas
Así como en otras partes del mundo, en Uruguay se está realizando prospección de petróleo no convencional, off shore y on shore. En el centro-oeste del país la empresa pública de petróleo ANCAP ha firmado contratos de exploración y explotación con la empresa privada estadounidense Shuepbach, con claros antecedentes en el uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking.
A pesar de la negativa oficial sobre el futuro uso de esta técnica criticada y prohibida en varios países que cuentan con los mejores sistemas de prevención de desastres socio-naturales, el análisis que las organizaciones ciudadanas han hecho de los documentos firmados demuestra con claridad que el fracking sería una posibilidad de explotación. En esta zona del país, el riesgo sería para la salud de las aguas subterráneas, en particular el Acuífero Guaraní que a pesar de su profundidad de 1000 metros, quedaría por encima del pozo horizontal de donde se extraería gas de esquisto.
El Acuífero Guaraní es considero a nivel mundial una de las mayores reservas de agua fresca del mundo. Un movimiento de vecinos a nivel local, coordinado con organizaciones y militantes en otras luchas socio-ambientales, ha logrado influir a nivel departamental para declarar el departamento de Paysandú libre de fracking. Al igual que en el conflicto contra los proyectos mineros metalíferos de gran porte a cielo abierto, el conflicto entre el nivel nacional y departamental de gobierno tiende a acentuarse. Más aún, este caso ha tenido repercusión en el Comité de gestión del Acuífero Guaraní, en el marco de la nueva institucionalidad que la Ley de Aguas ha promovido con participación de usuarios, sociedad civil y gobierno. Sin dudas, es junto con el río Santa Lucía, el laboratorio del alcance y los límites de la gestión participativa del agua en el país.
Cambio climático y el acaparamiento de agua
Hace un par de días se anunció que la lucha contra el cambio climático será prioridad del nuevo gobierno de Tabaré Vázquez, algo que ya quedó insinuado en 2009 cuando él mismo por decreto presidencial creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático pocos meses antes de terminar su mandato. Durante la administración Mujica, más allá de los discursos internacionales pro-ecológicos, no hubo a nivel nacional una jerarquización del tema, incluso por momentos hubo cierto escepticismo sobre la existencia del fenómeno.
La novedad es que Vázquez ha decidido concentrar toda la política pública de cambio climático bajo la órbita directamente presidencial, resolviendo así la lucha de los últimos años entre el Ministerio de Medio Ambiente – el primero que contó con institucionalidad para el cambio climático y es la autoridad reconocida por convención de Naciones Unidas – y el Ministerio de Ganadería, que en el último lustro había logrado recibir varias decenas de millones de dólares del Fondo Global para el Cambio Climático para la construcción y gestión de reservorios de aguas entre productores ganaderos –familiares- en prevención de sequías. La ganadería es la principal emisora de gases de efecto invernadero y la posibilidad de barreras para-ancelarias a la exportación de carne ha sido por lejos la mayor preocupación del sector agropecuaria en relación al cambio climático.
No obstante, el ministro de ganadería, agricultura y pesca, Tabaré Aguerre, uno de los pocos que continuará en su cargo en el nuevo cambio de gobierno, hizo pública la idea para los próximos años de llamar a licitación a empresas privadas – nacional e internacionales- para acumular agua y venderla para riego, porque el cambio climático hará las sequías más frecuentes y riesgosas. De la mano del discurso del cambio climático se avizora un nuevo capítulo en el water grabbing de nuestro país. Definitivamente, como había adelantado el Ministro de Medio Ambiente de aquel entonces, el Ing. Colacce, quien supo ser también presidente de OSE, pocos días antes de partir a la cumbre de Copenhagen en 2009, “el cambio climático dejó de ser un problema ambiental para convertirse en un problema económico”.
Las aguas son lo que hacemos con ellas, dice Jamie Linton en su libro “¿Qué es agua?”. En Uruguay, la coyuntura nos encuentra tratando de definir qué hacemos con las aguas, para saber lo que son, pero más importante, para saber lo que somos como estado-nación. Sin embargo la respuesta, al menos desde la sociedad civil, no puede quedar limitada al territorio nacional, porque como el caso de Sao Paulo, el fracking y el cambio climático demuestran, lo que hagamos con las aguas nos definirá como región en el mundo.
[1] Marquisio, A. (2014) Uruguay: a 10 años del plebiscito del agua En: Santos, C.; Taks, J.; Thimmel, S. y Grosse, R. (comp.) “Las canillas abiertas de América Latina III.” Montevideo: Casa Bertolt Brecht.
[2] Presentación del Dr. Marcel Achkar en la mesa redonda “A diez años de la Reforma Constitucional en Defensa del Agua”, organizada por la CNDAV. Sede de PIT-CNT, Montevideo 9.10.14
* Javier Taks es coordenador de la Casa Bertolt Brecht, Uruguay
Foto de Jimmy Baikovicius via Flickr.
