Por Isabel Díaz Medina
Compartir las experiencias regionales de lucha y resistencia ante la imposición de los mal denominados “tratados de libre comercio” (TLCs), analizar el nuevo escenario político latinoamericano, y debatir posibles alternativas en el nuevo contexto planetario fueron algunas de las temáticas de un taller organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en alianza con el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), a finales de abril en Santiago de Chile.
El Taller “TPP y proyectos de ‘libre comercio’ en la región como amenaza a la democracia” abordó la agenda global sobre los nuevos ordenamientos político-comerciales. Desde Europa y América Latina se propusieron herramientas para el debate sobre los ejes de integración regional.
¿Quién gana y quién pierde con los TLCs?, ¿quiénes están viendo desarrollada su ganancia y dónde se solicializan los costos? Son preguntas que plantea Natalia Carrau, de REDES/Amigos de la Tierra Uruguay, como claves para entender las implicancias de estos tratados.
En términos económicos, los TLC no están promoviendo un cambio de la matriz productiva, ni haciendo una transferencia tecnológica, tendiente al desarrollo económico de nuestros países, opina Carrau: “Los TLC entran en contradicción con la legislación nacional que implementan los Estados. Ponen en peligro la potestad del Estado, no solo en las leyes que implementa, sino la de legislar en función de los intereses del pueblo, lo que se traduce en una pérdida de soberanía y una suspensión de la democracia”.
El mecanismo de blindaje de las multinacionales recurre a “tribunales” arbitrales privados y no a las justicias nacionales, lo que obliga también a contratar los costosos servicios de firmas de abogados especializados. Natalia Carrau afirma que “algunos actores políticos en Uruguay planteaban que los mecanismos de solución de controversias entre las transnacionales y los Estados de los TLC no iban a afectarnos, porque el país brindaría seguridad jurídica, sería promotor de leyes de protección a la inversión y respetaría los derechos de los inversionistas’”.
El caso del litigio entre la transnacional Philip Morris y el Estado de Uruguay demuestra lo contrario.En 2010, la principal tabacalera del mundo demandó a Uruguay por 25 millones de dólares, ante el CIADI (Caso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), institución del Banco Mundial, alegando una violación del tratado bilateral de inversión entre Suiza y el país latinoamericano, por las medidas aprobadas por el primer gobierno del Frente Amplio para combatir el tabaquismo.
La lucha contra el TISA en Uruguay En 2015, las organizaciones y movimientos sociales de Uruguay lograron que el Gobierno abandonara las negociaciones de un tratado de nuevo tipo que afectaba directamente a las empresas estatales. Se trata del TISA (Trade in Services Agreement), la alianza sobre servicios que negocian desde el 2013, varios países, incluidos la Unión Europea y Estados Unidos, con el más absoluto secreto, para dotar de nuevos poderes a las multinacionales.
Debido a la presión social, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en dar un portazo al TISA. Natalia Carrau explica que “apelamos como organizaciones sociales y movimientos en Uruguay a confluir en una plataforma única. Analizamos en conjunto con el movimiento sindical las implicancias del TISA, y como podía afectar valores centrales de la izquierda en Uruguay”.
Según la activista, el debilitamiento de las empresas pública era un elemento que constituía un peligro, por lo que se interpeló al gobierno y a los legisladores a pronunciarse al respecto. “El diálogo con la fuerza política se fue incrementando, se debatió si el TISA era o no acorde con el programa de gobierno y surgieron cuestionamientos a la legitimidad del proceso por el absoluto secretismo de las negociaciones”.
En medio de la creciente movilización social, el presidente Tabaré Vázquez puso la decisión en manos su fuerza política, el Frente Amplio, aun con tensiones internas, falló en contra del TISA. Finalmente, el presidente anunció la salida de Uruguay de las negociaciones.
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La representante de Amigos de la Tierra asegura que la experiencia de Uruguay contra el TISA “demuestra que la unidad es posible en la diversidad”. Agrega que es central “hacernos siempre la pregunta ¿quién gana y quién pierde con estos tratados?. Cuando es el pueblo quien gana, las organizaciones sociales vamos a estar siempre de acuerdo. Cuando los que están ganando son los capitales transnacionales, en alianza con los gobiernos y con el sistema financiero, que aboga por la desregulación, podemos tener más claridad del lugar donde nos vamos a ubicar”.
Natalia Carrau alerta que los intereses de los inversionistas están amparados en toda la letra de los tratados. Pero “¿qué pasa con los intereses de los pueblos?, ¿dónde los movimientos sociales, ya sea de feministas, campesinos, trabajadores, entre otros, se harán escuchar respecto de la violación que cometen las empresas transnacionales en nuestros territorios?”
Bajo estas interrogantes, destaca el intento de impulsar un tratado vinculante que juzgue a las empresas transnacionales que violen los derechos de los territorios donde se asientan, en el marco de Naciones Unidas. Un mecanismo que es apoyado por diversidad de organizaciones sociales, pese a todas las falencias del órgano internacional, precisa.
Articulación regional por una alternativa
Al igual que fue la lucha de Uruguay en contra del TISA, hubo consenso en l de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y del Parlamento Europeo, que participaron del taller, que es urgente avanzar en una articulación a todo nivel, nacional, regional e internacional. “No estaremos de acuerdo en todo, pero ante la ofensiva de la derecha conservadora, del capital transnacional, es importante ver que tenemos delante y donde nos vamos a colocar en este tablero”.
Carrau destaca que “la articulación y la unión desde la diversidad es muy importante, entre compañeros y compañeras que luchan en el territorio poniendo sus cuerpos frente a las amenazas de las transnacionales, los que desde la fábrica se movilizan porque no se flexibilicen sus normas laborales que los protegían, y los que estamos generando información, reflexión y debate en torno a estos temas”.
América Latina ha sido escenario de luchas sociales muy importantes contra el comercio bilateral, los tratados de inversión y los TLC. Adhemar Mineiro, economista y asesor de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip), hizo hincapié en que los movimientos sociales, en particular en la región, tuvieron un papel a fines de los años 90 e inicio del nuevo siglo, de confrontación con el proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).
Después que bajó la intensidad de los movimientos a nivel internacional se intentaron retomar los procesos de negociación de los acuerdos. La crisis económica del 2008 detuvo esta arremetida de las trasnacionales, pero dos años más tarde volvieron con más fuerza.
Según Mineiro, “los movimientos sociales perdieron un poco la capacidad de reaccionar que tuvieron hasta el 2005. Ante la arremetida de los TLC, que son un peligro para la democracia y la soberanía de los pueblos, hay que articular una reacción en contra, en lo posible con la alternativa de integración regional en las Américas”. El economista brasileño recordó que la resistencia se hizo en el espacio regional. “Hay que tener la memoria de lo que fue la lucha en el pasado. Tenemos la experiencia de que es posible vencer”.
Para el asesor de Rebrip-Brasil, “estando juntos en el sur de América constatamos que en general tenemos más proximidad que distinciones entre nosotros. Los problemas de desarrollo, de desigualdad, de concentración de ingresos y de la tierra, de educación, son los mismos; y los enemigos que tenemos en frente, como los TLC, también lo son. Es muy importante hacer la conexión entre nosotros para retomar la lucha”.
Chile neoliberal y los desafíos que enfrenta
Además de la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), Chile, junto a medio centenar de gobiernos, es uno de los países que negocia el TISA, acuerdo mundial de comercio internacional de servicios, que estaría por encima de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias, en beneficio de las corporaciones.
Natalia Carrau opina que Chile tiene un desafío mayúsculo por lo complejo que resultaría revertir su estrategia de inserción internacional, vía tratados de libre comercio, principalmente por las clausulas de solución de controversia. “Es distinta la experiencia de Chile, a la que hicieron países del Cono Sur, que fue la de apostar a la integración regional en el marco del MERCOSUR”.
En tanto, Adhemar Mineiro afirma que Chile con 25 acuerdos de “libre comercio” firmados, hoy se encuentra negociando la profundización de éstos. “El TISA fija límites a la actuación del Estado, incluso en áreas como la educación, poniendo en peligro los posibles avances que puedan lograr las reformas que Chile tramita en el Parlamento”, señala Mineiro.
Chile está en el momento de evaluar y exponer a la opinión pública los efectos de los TLC sobre la sociedad chilena. “No hubo un cambio estructural de producción en Chile. Al comparar la agenda de exportación del país en la década del 90 con la actual, sigue estando centrada en el modelo extractivista de recursos naturales, algunos en los primeros niveles de procesamiento.Además, está la percepción de que existe una mayor concentración del ingreso, de la riqueza, como efecto de los TLC”.
Para el economista brasileño, hoy la lucha es contra el potencial de destrucción que tienen los acuerdos comerciales denominados de última generación, que se caracterizan por abarcar un ámbito más amplio que el simple comercio de bienes, incluyendo temas nuevos como el comercio de servicios, inversiones, propiedad intelectual, y compras estatales.
