…a la salida del presidente más pobre del mundo
Por Javier Taks*
- “Where are you from?
- From Uruguay.
- Ah! Marihuana. Good”
Varios uruguayos y uruguayas me han contado recientemente un diálogo así en sus viajes al extranjero. Si alguna vez Uruguay era asociado a la Hazaña de Maracaná de 1950 o a los Tupamaros escapando de la cárcel de Punta Carretas, hoy día el país es conocido – al menos en los círculos más informados en los diversos países – por su presidente saliente, el Pepe Mujica, y la agenda de temas “sociales” que se desarrollaron a nivel jurídico y de políticas públicas durante sus mandato. Al finalizar este período de gobierno, vale la pena una breve reseña de dónde han quedado el matrimonio igualitario, la legalización de la interrupción del embarazo por sola voluntad de la mujer embarazada y la legalización y regulación de la producción de marihuana, tres principales temas que tienen que ver con luchas sociales de colectivos no partidarios que lograron cambios a nivel de la política parlamentaria y la institucionalidad estatal.
Matrimonio igualitario
El matrimonio entre dos personas del mismo sexo fue incluido en la Ley de Matrimonio igualitario que rige en el país desde agosto de 2013. Fue el resultado de la estrategia del colectivo Ovejas Negras y varios militantes partidarios que a su vez militan en este y otros colectivos por el derecho a la diversidad sexual. La reglamentación fue firmada por el presidente Mujica en junio del mismo año.
En su momento se opusieron públicamente al matrimonio igualitario la Iglesia Católica y las facciones más derechistas y conservadoras de los partidos Nacional y Colorado. En 2014 se estimaron en 200 los matrimonios igualitarios celebrados en todo el país. Las encuestas de opinión pública muestran que los uruguayos invirtieron sus ideas desde el inicio de los debates parlamentarios en 2009, habiendo un 60% de ciudadanos que aprueban hoy día este tipo de uniones.
Junto con el matrimonio igualitario se debatió acerca de la adopción de niños y la reproducción asistida, tema que ya venía pronto para aprobarse en una ley para matrimonios heterosexuales, pero que la aprobación del matrimonio igualitario puso una nueva faceta en discusión. Hoy día los matrimonios de personas del mismo sexo pueden adoptar hijos en las mismas condiciones que un matrimonio heterosexual y en cuanto a la reproducción asistida no es habilitada para matrimonios entre dos hombres y sí es aceptada para los matrimonios entre dos mujeres si ambas son infértiles.
Ley del aborto
En el Uruguay moderno, sólo durante menos de un año en 1934-5, el aborto fue despenalizado y practicado en hospitales públicos. Desde 1935 al 2012 la mujer y el médico que practicaba el aborto eran plausibles de ser condenadas a prisión; la pena podía ser menor en casos extremos (violación, pobreza extrema, malformaciones fetales o riesgo de vida para la madre). A la salida de la dictadura cívico-militar en 1985 fueron los grupos feministas que pusieron sobre la mesa el debate y las propuestas para despenalizar la práctica de la interrupción del embarazo. Era vox populi el negocio de las clínicas clandestinas, que a su vez dividían a la población de forma clasista entre aquellas mujeres que podían pagar las mejores clínicas y aquellas mujeres que terminaban abortando en pésimas condiciones materiales y psicológicas, cuando no muriendo por las consecuencias de los métodos utilizados.
Durante el primer gobierno del Frente Amplio (2004-2009) se logró acuerdo a nivel parlamentario en la bancada oficialista para votar la ley de despenalización de la interrupción del embarazo, la cual se aprobó el 11 de noviembre de 2008. Cuatro días más tarde el presidente de la República, Tabaré Vázquez con el acuerdo de la Ministra de Salud Pública, Julia Muñóz, vetó la ley, generando la rabia de la sociedad civil organizada y de las legisladoras del Frente Amplio, entre otros. En la siguiente administración de la izquierda, se vuelve no sin dificultades a debatir el tema en el Parlamento y finalmente se aprobó la Ley de despenalización de la interrupción del embarazo el 17 de octubre de 2012.
Ese mismo año se juntaron firmas para realizar una consulta que culminara en un plebiscito para derogar la ley, promovido una parte del Partido Nacional. La votación de la consulta, que no era obligatoria, fue muy baja y por lo tanto la Ley aumentó su legitimidad.
La ley y su reglamentación tuvieron como focos de debates dos aspectos. El primero, el proceso para que la mujer que quiere interrumpir su embarazo finalmente pueda realizarlo. El protocolo incluye consulta informativa con especialistas, cinco días de reflexión, otra instancia de información para que, una vez se tome la decisión, iniciar el proceso de acceso a la pastilla abortiva o a la intervención quirúrgica. Las organizaciones sociales criticaron la infantilización de la mujer y el sesgo de todo el protocolo hacia la idea de “error” en la decisión de interrupción del embarazo. Por otra parte, está la cuestión de los médicos objetores de conciencia. Es decir, si un médico funcionario público podría alegar su convicción ético-personal por encima de su obligación de atender a una ciudadana. La reglamentación fue declarada inconstitucional en este punto, por lo cual cualquier médico puede negarse a promover un aborto por razones de conciencia, lo cual ha significado en algunos casos que las mujeres que quieren abortar tienen que viajar de su ciudad.
Al año de instaurada la ley y su reglamento, las estadísticas oficiales mostraban nueve abortos cada 10.000 mujeres, una tasa relativamente baja a nivel mundial, contradiciendo la idea de que la legalización iría a aumentar los casos.
Ley de legalización de la marihuana
El Parlamento uruguayo aprobó en diciembre de 2013 una ley que legalizó la producción, distribución y venta de cannabis, el autocultivo y los clubes de consumidores, todo bajo control estatal. La propuesta de legalización fue impulsada por diversos colectivos de la izquierda social que conforman, por ejemplo, la Red Uruguay por la Regulación Responsable de la Marihuana. La ley autoriza además la venta limitada de cannabis en farmacias a mayores de 18 años, residentes en el país y con previo registro. La ley se reglamentó en mayo de 2014. En agosto se abrió el registro para autocultivadores, en octubre se inició la regulación de los clubes cannábicos, en diciembre se reglamentó el cultivo de la planta con fines industriales y en febrero 2015 para el uso medicinal de la droga.
Luego de aprobado el proyecto de Ley de Legalización, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) afirmó que Uruguay «ha violado los tratados internacionales» al legalizar la producción, venta y consumo. Dijo también que el país «no ha tomado en cuenta la dimensión del impacto en la salud del uso de la droga». Expertos del Transnational Institute afirmaron que el Derecho Internacional ha sido recientemente “perforado”, reconociendo las contradicciones con la realidad dinámica de los mercados de cannabis. Incluso la legalización en varios estados y condados de Estados Unidos ha debilitado la posición internacional de aquel país en la lucha contra el narcotráfico con políticas exclusivamente represivas.
Según notas de prensa han aumentado los clubes canábigos más que el cultivador individual, pues aún es muy complicado el registro de hasta 6 plantas para autoconsumo, mientras que la formación de clubes ha sido más ágil. Por otra parte en este momento se está instrumento la producción de marihuana para investigación científica y para uso medicinal. Aquí es donde se juega una lucha por el mercado, pues serán privados quienes llevarán adelante la producción, siendo un objetivo de algunas farmacéuticas multinacionales.
Las plantación, cultivo, cosecha, acopio y comercialización de cannabis para uso medicinal y científico están sujetos, como en los usos recreativo e industrial, a la aprobación del Instituto de Registro del Cannabis (Ircca). Una vez aprobados, los titulares –personas físicas o jurídicas– son ingresados en el Registro de Cannabis. El Ministrio de Salud Pública tiene también ingerencia para controlar el uso de las plantas. Pero todo el sistema de registro y control aún está inmaduro y por resolverse muchos aspectos: costos para registrarse y comenzar a producir, cuáles son los territorios habilitados para el cultivo, si serán las farmacias quienes vendan la marihuana medicinal contra receta médica, cómo controlar el no acceso de aquellos que cuentan con receta para la medicinal al mercado de la marihuana recreativa, entre otros aspectos técnicos y prácticos.
Como escribió la periodista Eliana Gilet del semanario Brecha: “Si el arranque de la producción y venta de la marihuana recreativa sufrió y sufre la presión de usuarios y las empresas interesadas en la tarea, la veta medicinal juega en la A del lobby. La puerta se abre al mundo de las grandes multinacionales farmacéuticas. Y la contraparte en este caso es Uruguay. Si bien es cierto que algunos estados del gigante del Norte ya producen marihuana medicinal, sobre ellos pesa la gran institucionalidad federal. Y eso, para las empresas, es un problema. En Uruguay encuentran un pequeño paraíso del mundo tercero.”
Por todo esto, Uruguay es hoy día un laboratorio observado por todo el mundo y también destino temporal o permanente. La población continúa con muchos prejuicios, pero también se desarrollan esfuerzos por contrarrestarlos, como lo demuestra la exhibición sobre “Marihuna: la planta prohibida” que apoya y aloja la Casa Bertolt Brecht durante febrero y hasta el 20 de marzo. El retorno de Vázquez a la presidencia provoca ciertas dudas sobre el nicho de mercado de marihuana medicinal. Conocedor de la corporación médica, habrá que ver si prevalece una visión libertaria o una visión comercial del tema.
* Javier Taks es coordenador de la Casa Bertolt Brecht, Uruguay
Imagenes: Fotos de un manifestante y de Gonzalo G. Useta via Flickr.
